Una investigación identifica por primera vez a los presuntos autores del espionaje con Pegasus en Cataluña

Entre 2017 y 2022, al menos 67 políticos, abogados, periodistas y otras personas relacionadas con el procés independentista en Cataluña fueron espiadas con Pegasus, un poderoso programa informático desarrollado en Israel. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dependiente del Gobierno español, reconoció haber vigilado a 18 con previa autorización judicial del Tribunal Supremo, entre ellas los expresidentes Pere Aragonès, Joaquim Torra, Carles Puigdemont y Artur Mas. Sin embargo, el resto de implicados habrían sido víctimas de un método tan ilegal como opaco. Ahora, y por primera vez, una nueva investigación pone nombres y apellidos a los presuntos responsables del escándalo conocido como Catalangate.

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El informe presentado este miércoles por Irídia, una asociación catalana en defensa de los derechos civiles y políticos, identifica a tres altos directivos de la filial europea de NSO Group, un entramado empresarial israelí célebre por haber fabricado Pegasus, un programario malicioso capaz de penetrar los sistemas operativos móvil Android y iOS y acceder a todos los datos personales que circulan por el dispositivo sin que los usuarios puedan detectarlo.

Los señalados por la querella de Irídia son:

1. Shalev Hulio

Shalev Hulio es el cofundador de NSO Group y fue su director general hasta 2022, cuando dimitió tras un alud de litigios judiciales. Antes de crear la mayor arma de ciberespionaje mundial, este soldado judío originario de Haifa estudió Derecho y fue comandante del mando de Defensa Civil del Ejército de Israel.

2. Omri Lavie

Omri Lavie cofundó NSO Group junto a Hulio, a quién conoció en el instituto durante un viaje a Europa. Actualmente es miembro de la junta directiva de la creadora de Pegasus y entre 2019 y 2023 lo fue de la de Osy Technologies, otra compañía que forma parte del entramado de NSO Group. Es el único administrador de Dufresne Holding, la firma de inversiones que posee la empresa israelí.

3. Yuval Somekh

Yuval Somekh es, según detalla Irídia, el único directivo que consta como miembro de las juntas directivas de Osy Technologies y de Q Cyber Technologies entre 2019 y 2020, el periodo en el que se produjeron la mayoría de ataques contra el independentismo catalán.

Querella ante los juzgados

Este mismo miércoles, Irídia ha presentado una querella ante los juzgados de Barcelona en la que les acusa de estar detrás de la fabricación, comercialización y gestión contractual de Pegasus y de cometer así delitos de revelación de secretos y de participación o cooperación en el uso de software ilegal. Es por eso que solicita su imputación penal.

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La demanda ha logrado encontrar los vínculos de NSO Group en Europa. NSO Group es una marca paraguas que agrupa a un total de 19 sociedades mercantiles, entre ellas OSY Technologies y Q Cyber Technologies. Esa red de cibervigilancia opera en Luxemburgo desde 2014 como "puerta de entrada" para hacer negocio en la Unión Europea y "posiblemente" fue creada "para generar dificultades en la determinación de responsabilidades".

En la ampliación de su querella, Irídia insta a los estados europeos a cortar todos sus lazos comerciales con NSO Group y a adoptar sanciones. En 2021, Estados Unidos añadió Pegasus a su lista negra, prohibiendo así comercializar con su fabricante. Apple y Meta, propietaria de WhatsApp, también la han demandado por violado la seguridad de miles de sus dispositivos.

Además, Irídia también advierte que cualquier demora en la investigación e imputación de Hulio, Lavie y Somekh "podría generar una prescripción de los hechos en mayo de 2025", dento de tan solo medio año.

Opacidad de España e Israel

Apuntando a las sedes de NSO Group en Luxemburgo, Irídia ha encontrado una vía que, esperan, permitirá avanzar una investigación judicial hasta ahora bloqueada por la "opacidad" del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. Y es que la normativa española presenta vacíos legales que "facilitan la vigilancia sin una supervisión adecuada" y que clasifican toda información del CNI como secretos oficiales. "Una persona bajo investigación judicial tiene más derechos y garantías que una espiada por el CNI", ha denunciado este miércoles la abogada Anaïs Franquesa, codirectora de Irídia.

"Una persona bajo investigación judicial tiene más derechos y garantías que una espiada por el CNI", Anaïs Franquesa abogada y codirectora de Irídia, Centro por la Defensa de los Derechos Humanos

Esa posición ha despertado múltiples críticas. La exdirectora del CNI, Paz Esteban, ha sido imputada por la Audiencia de Barcelona por su rol en el espionaje a los líderes independentistas. La comisión de investigación del Parlamento Europeo señaló que Madrid fue "probablemente" el primer cliente de Pegasus en la Unión Europea. A finales de 2023, el comité de asuntos jurídicos de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa pidió a España investigar los casos de espionaje contra el soberanismo catalán, poniendo al país al nivel de otros que han recurrido a la vigilancia como Hungría, Polonia o Azerbaijan.

A esa falta de transparencia se suma que Israel no ha respondido a ninguno de los permisos solicitados por parte de la justicia española para acceder a pruebas sobre el caso, lo que ha llevado a archivar varias causas. El spyware no se exporta a otros países sin la aprobación previa del ministerio de Defensa del Estado judío.

Espionaje contra el abogado de Junqueras

Irídia ha logrado identificar a tres de los "responsables directos" del escándalo tras investigar el caso de espionaje contra el abogado catalán Andreu Van den Eynde, también vocal de su junta. El 14 de mayo de 2020, en plena pandemia del covid, el experto en derecho penal utilizaba constantemente su teléfono móvil para comunicarse con sus clientes. Entre ellos figuraban Oriol Junqueras y Raül Romeva, ambos encarcelados por formar parte del Govern que organizó la consulta sobre la independencia catalana, pero también Ernest Maragall y Rogert Torrent.

Un año más tarde, Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto, le informó que justo ese día su dispositivo había sido infectado con Pegasus. Tras destaparse el caso en 2022, Van den Eynde presentó una querella por actos de espionaje, intercepción de las comunicaciones, intrusión ilegal en dispositivos informáticos y por adquisición de precursores del espionaje.

Irídia denuncia que se trata de un método abusivo, ilegal y desproporcionado. "Se le espió para conocer la estrategia jurídica de defensa de sus clientes", lamenta Franquesa. "Eso supone romper las reglas de juego de un estado democrático y desencadena una vulneración de derechos esenciales", ha añadido Brian Ventura, abogado del equipo jurídico de Irídia. Es por esa razón que la asociación ha asumido la representación legal del caso de Van den Eynde, que está siendo tramitado en el Jutjat 24 d'Instrucció de Barcelona. Las víctimas, remarcan, siguen esperando justicia.

Varias investigaciones han destapado que Pegasus ha sido usada por al menos 73 estados de todo el mundo. Aunque NSO Group asegura que solo la vende para combatir el crimen o el terrorismo, hay múltiples evidencias de que esta arma de cibervigilancia ha servido para espiar y perseguir a disidentes políticos, periodistas críticos o activistas para los derechos humanos. Prueba de ello es el asesinato del reportero saudí Jamal Khashoggi.