Canarias mantiene el pulso jurídico con el Estado por la acogida de menores inmigrantes

El Gobierno de Canarias mantiene su pulso jurídico con el Ejecutivo central sobre la competencia a la hora de atender a los menores migrantes que llegan sin compañía de adultos en pateras y cayucos a las Islas. El último Consejo de Gobierno, celebrado este jueves, aprobó el contencioso administrativo sobre este polémico asunto y lo remitió a la Abogacía del Estado, como explicó el viceconsejero de Presidencia y portavoz, Alfonso Cabello. Esta decisión se adopta tras no haber contestado el Consejo de Ministros al requerimiento efectuado por la Comunidad Autónoma en octubre para que atendiera a los menores migrantes que llegan en pateras y cayucos a las islas: más de 6.100 en 2024, de los que 5.500 permanecen en centros de acogida "saturados".

"El 21 de octubre se envió un requerimiento para que el Estado asumiera las competencias de extranjería e inmigración que entendíamos que constitucionalmente son exclusivas del Estado. Se está haciendo una mala interpretación de la normativa que hace que Canarias asuma todo el peso en materia migratoria", insistió Cabello.

El conflicto viene derivado del hecho de que el gabinete que preside Fernando Clavijo considera que el Estado es el responsable de las políticas inmigratoria y de fronteras, mientras que desde Moncloa se insiste en que la responsabilidad recae en las comunidades autónomas, motivo por el que precisamente se pretende modificar el artículo 35 de la ley de extranjería.

El gabinete autonómico insiste en que el Ejecutivo central es competente en inmigración y fronteras

De hecho, ya el Gobierno canario intentó que fuera el Estado quien se ocupase de la primera atención a estos niños y niñas hasta que se los entregase a los recursos autonómicos y dictó un protocolo de atención y una orden para que el personal de las ONG no aceptara a ningún menor sin una orden expresa del Ejecutivo isleño, pero esta decisión fue suspendida por la justicia por entender que se ponían en riesgo los derechos fundamentales de los menores y su adecuada atención. Pese a este precedente, el gabinete canario continúa con el frente jurídico aunque desde el Ejecutivo se es consciente de que "la solución a este drama humanitario no vendrá por la vía judicial sino por el consenso político".

"Esperamos que los nuevos datos ofrecidos por la ONG Caminando Fronteras remuevan conciencias y en el escenario estatal se abandone el efectismo político y se pueda llegar a un acuerdo", afirmó Cabello. Sin embargo, ha reconocido que hasta el momento el único documento que "hay sobre la mesa de negociación" es el que el presidente Fernando Clavijo pactó con el lehendakari Imanol Pradales y trasladó a Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes el pasado 13 de diciembre "y que cuenta con el apoyo de Junts".

"Nosotros seguimos hablando con todo el mundo que quiere llegar a un acuerdo aunque aún no tenemos respuesta del Gobierno central", concluyó Cabello.

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