Las 4 leyes que darán de qué hablar en el Congreso este 2025

La complejidad del bloque de la investidura pone en el foco, cada vez más, los entresijos de la tramitación parlamentaria. El debate de enmiendas a leyes y su votación en comisión, algo que raras veces traspasa las paredes del Congreso, ha adquirido en las últimas semanas una importancia atípica. La Cámara Baja da de qué hablar. Y en 2025 no será distinto. Sobre la mesa se pondrán leyes de las que a día de hoy no se ha oído aún hablar, pero hay otras que avisan que marcarán la agenda de los próximos meses. Aquí, cuatro normas a las que habrá que estar atentos: 

La primera parada, posiblemente antes de que termine enero, será el real decreto ley que aprobó el Gobierno en el último Consejo de Ministros para prorrogar el gravamen a las empresas energéticas. Esta medida fue la que provocó la división dentro del bloque de la investidura a la hora de aprobar el paquete fiscal del Ejecutivo. PNV y Junts están en contra y votaron junto con el PP para eliminarlo. 

Sin embargo, el Gobierno ha vuelto a aprobarlo, ya que este era el compromiso con ERC, EH Bildu, Podemos y BNG. No obstante, deberá recibir el visto bueno del Congreso, lo que requiere el ‘sí’ de todos los socios. Para tentar a los posconvergentes y jeltzales, el Ejecutivo ha diseñado una deducción de hasta el 60% por inversiones en transición ecológica. El PNV no parece por la labor y tampoco Podemos, que quería que el impuesto fuera permanente. Aquí podría llegar la primera derrota del Ejecutivo en 2025.

Sobrevolando cualquier negociación ya desde hace meses están los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Pese a que el Congreso aún no ha aprobado la senda de estabilidad (el paso previo para elaborar las cuentas del próximo año) debido al rechazo de Junts, Pedro Sánchez no ceja en su empeño de seguir negociando y se da hasta marzo para sacar adelante los Presupuestos. "La perspectiva es poderlos presentar y ojalá aprobar en ese primer trimestre del año 2025", aseveró el pasado viernes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en referencia a la ley presupuestaria.

Sin embargo, no es un camino sencillo. Los posconvergentes reclaman que se cumplan todas las inversiones comprometidas con Catalunya en los últimos años y que no se han ejecutado. En un intento de allanar el camino, el Ejecutivo sigue haciendo gestos a Junts y al PNV, avanzando en el cumplimiento de los acuerdos de investidura. Pero, una vez más, Podemos también amenaza con ser quien impida la aprobación de los Presupuestos si no se cumplen sus exigencias: romper las relaciones con Israel y bajar los alquileres por ley un 40%.

En 2024 se han visto saturados los servicios de acogida de menores migrantes no acompañados en Canarias y Ceuta. Sin embargo, ha sido imposible el consenso entre el PSOE y el PP para reformar la ley de Extranjería y obligar al resto de comunidades a aceptar parte de esos menores. Los populares, amenazados por Vox, se han negado. Las conservaciones entre ambas formaciones continúan y hasta Felipe VI ha hablado de la necesidad de buscar un acuerdo. 

A esto se suma que en el Congreso se está tramitando una iniciativa legislativa popular para regularizar a más de 500.000 migrantes. La ley, que estuvo desde mayo y hasta septiembre en periodo de enmiendas, empieza a avanzar, aunque lentamente. La ponencia encargada de redactar un informe que después apruebe la comisión se ha reunido ya en varias ocasiones sin poder acordar un texto. No obstante, todo apunta a que en las próximas semanas se resolverá la cuestión. Habrá que ver si con acuerdo.

No es raro que la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', se cuele cada año entre las leyes más destacadas. El Gobierno lleva desde 2019 con el compromiso de derogarla. Sin embargo, ahora parece que todo está más cerca, aunque no se puede cantar victoria. Hace unos meses, el Ejecutivo cerró un acuerdo con EH Bildu y ERC sobre las cuestiones que quedaban pendientes y que echaron por tierra las negociaciones hace ya más de un año y medio. 

No obstante, parte de estos acuerdos no gustan ahora a otros socios, sobre todo al PNV o a Podemos, aunque a cada uno por cosas distintas. Los jeltzales se niegan a reducir la gravedad de algunas de las infracciones, como las faltas de respeto a la policía o la desobediencia; mientras que los morados plantean eliminar directamente muchas de estas infracciones. A esto se suma que sigue habiendo polémica sobre la prohibición de las pelotas de goma. Todas estas cuestiones se deberán abordar en los próximos meses.