¿Fue justificado el registro en el despacho del fiscal general? El Supremo revisa este martes la investigación del juez Hurtado contra García Ortiz

La causa que instruye el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado contra el fiscal general del Estado --por una supuesta filtración de datos confidenciales de la causa en la que se investiga a la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso por fraude a Hacienda-- encara esta semana una cita clave que puede determinar el futuro del caso. La Sala de Apelaciones del alto tribunal revisará hasta cuatro recursos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado contra decisiones adoptadas por este magistrado por considerarlas abusivas e injustificadas, la más importante la relativa a la entrada y registro en del despacho de García Ortiz el pasado 30 de octubre durante más de diez horas.

La defensa, que ejercen los servicios jurídicos del Estado, y también la número dos de la Fiscalía que representa al Ministerio Público en esta causa, la teniente fiscal del Supremo María Ángeles Sánchez Conde, apuntaron a que estos recursos no se hayan aún resuelto como justificación al silencio del fiscal general frente a las preguntas del juez Hurtado durante su declaración del pasado 29 de enero.

La razón es que gran parte de los indicios sobre los que pivota la acusación fueron resultado de los registros realizados en la sede de la Fiscalía General y también en las dependencias oficiales de la también imputada Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid. Estas órdenes de Hurtado son consideradas una extralimitación por parte del instructor que debería llevar a su nulidad.

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El análisis de los dispositivos de García Ortiz permitió conocer la hora exacta --21.59 horas del 13 de marzo-- en la que le fue remitido a su cuenta personal de gmail el correo en el que la defensa de Alberto González Amador reconocía la comisión de dos delitos fiscales de cara a la obtención de un pacto que le evitara llegar a juicio. Y aunque en los teléfonos del fiscal general no se encontró ningún mensaje --se reconoció su borrado por razones de seguridad--los agentes sí pudieron disponer de las conversaciones de la jefa provincial de Madrid hallados en su teléfono que le fue requisado en un registro de su despacho igualmente recurrido.

Defensa de la Guardia Civil

El pasado 18 de noviembre, Hurtado rechazó suspender cautelarmente su análisis sobre el material incautado y defendió la labor de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que intervinieron en los registros frente a la quejas manifestadas por la Abogacía en defensa de los dos fiscales investigados. "Cualquiera que sea el sentido que se quiera dar a esta manifestación, hay que insistir que el material se puso en manos de una unidad de policía judicial, al servicio de este instructor, de cuya labor y celo no hay razones para dudar, como la práctica judicial nos viene demostrando”, señaló expresamente en su auto.

Hurtado justificó los registros en la necesidad de "recoger material en orden a un eventual aseguramiento de prueba que pudiera perderse" respecto del objeto de investigación" que fijó entre los días 8 y 14 de marzo de 2024. Este límite temporal recoge desde el día en el que la mano derecha de García Ortiz en la Fiscalía General, Diego Villafañe, tuvo acceso al expediente de Hacienda y la denuncia presentada contra González Amador hasta el día en el que se emitió la nota de prensa que dio origen a esta causa, por contener datos del empresario que podrían vulnerar su derecho de defensa.

Sobre la indefensión alegada por las defensas y la Fiscalía en relación con estos registros y otras decisiones adoptadas por el juez Hurtado pivota el futuro de la causa, puesto que de aceptarse los recursos gran parte de los indicios sobre los que se sustenta la acusación decaerían. Si, por el contrario, la Sala de apelaciones los desestima, Álvaro García Ortiz tendría el camino despejado para acudir al Tribunal Constitucional en defensa de la salvaguarda de sus derechos, una posibilidad que parece vertebrar la estrategia de defensa diseñada.

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Tres jueces

La deliberación de este asunto ha sido fijada al próximo martes 11 de febrero por una sala que integran los magistrados Julián Sánchez Melgar (ex fiscal general del Estado con el PP) y los magistrados Eduardo de Porres y Andrés Palomo, han señalado a este diario fuentes jurídicas. No está previsto que el fallo se conozca ese mismo día, y segurametnte habrá que esperar a que se dicte una resolución.

Además, los registros no serán la única decisión de Hurtado que estudiarán sus compañeros de la Sala de lo Penal, puesto que también se estudiaran los recursos contra la declaración del secreto de la causa y contra que dicho secreto se alzara para permitir a las partes tomar conocimiento del informe sobre el contenido del teléfono de Rodríguez. Este informe fue el que reveló los mensajes con su superior y también con otros miembros de la Fiscalía para coordinar la respuesta a la información que atribuía la iniciativa del facto a la Fiscalía de Madrid y añadía la existencia de un orden dada "desde arriba" para frenarlo.

Por otra parte, también se ha recurrido la decisión de Hurtado de acotar la investigación del material incautado en los registros entre los días 8 y 14 de marzo. Para la defensa del fiscal general, la indagación en sus dispositivos debería limitarse entre las 22:00 horas del martes 13 de marzo y las 10:20 horas del día siguiente, es decir, sobre lo relacionado directamente con la elaboración de la nota de prensa.