El PSOE replica al juez del caso hidrocarburos que unificar a las acusaciones populares es inconstitucional

La representación letrada del PSOE en el caso del fraude en el IVA de los hidrocarburos cometidos por la presunta organización criminal liderada por Víctor de Aldama, en el que esta formación política ejerce la acusación popular, no está de acuerdo con la decisión del juez del procedimiento, Santiago Pedraz, de unificar a todas estas acusaciones, entre las que también se encuentran el Partido Popular o la asociación Hazte Oír, entre otras. Y por eso ha presentado un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra esta decisión del magistrado, que según los socialistas concede una "preferencia absoluta a la tramitación de los procedimientos sin dilaciones indebidas", sin tener en cuenta que la acusación popular es un derecho constitucional.

"Sin duda, una tramitación sin demoras es importante, pero ni la Constitución ni la Ley le conceden esa preferencia absoluta que le presume la resolución hoy recurrida. Más bien al contrario: la Jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional ha declarado que la busca de la economía procesal resulta 'lógicamente de inferior rango [..] frente al derecho de defensa ante los tribunales", especifica el recurso, al que ha tenido acceso esta redacción.

En este sentido, el letrado Gonzalo Martínez-Fresneda Ortiz de Solórzano recuerda que para el Tribunal Constitucional la unificación de las acusaciones bajo una sola representación y defensa queda condicionado a la ausencia de incompatibilidad entre las distintas partes, la convergencia suficiente de intereses y la similitud de puntos de vista en la orientación de la acción procesal. Pero también que las partes personadas reiteren diligencias o actos procesales de forma "absolutamente inútil".

No hay "reiteración inútil"

Sin embargo, explica este letrado que no es el caso de las acusaciones populares personadas en el caso hidrocarburos.: "En el caso que nos ocupa ni concurren los presupuestos ni concurre el resultado: es patente que este procedimiento no se ha visto desbordado por una reiteración inútil de diligencias promovidas por acusaciones que comparten su estrategia procesal; de hecho, no consta ninguna iniciativa reiterada por diversas representaciones", destaca.

Los socialistas también rechazan que el juez en su auto considere "injustificado y prematuro presuponer la incompatibilidad de intereses entre el Partido Socialista, el Partido Popular y Hazteoir.org, por ejemplo". Pero, para este letrado lo que sí es "prematuro e injustificado es presuponer esa compatibilidad que posibilite la acumulación".

Y como ejemplo de la incompatibilidad de las acusaciones populares, el recurso recuerda que el PP, el pasado 10 de febrero, solicitó al Juzgado que se inhibiera de forma parcial en favor del Tribunal Supremo “en lo que concierne a la investigación de la obtención del título de operador de Villafuel”, la empresa que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil controlaban Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas Ruiz-Capillas.

Desacuerdo entre PP y PSOE

Para este letrado, "el PP está en su pleno derecho", pero en este caso el PSOE "no está de acuerdo en modo alguno con esta iniciativa, en la medida en que, valorando el contenido de lo instruido, entendemos que la concesión de licencia a Villafuel por parte del Ministerio para la Transición Ecológica no forma parte del objeto de la presente causa ni está bajo sospecha", dice el recurso.

"Más bien al contrario", prosigue el escrito, "los informes de la UCO unidos a las actuaciones recogen expresamente los esfuerzos de dicho Ministerio para reforzar la capacidad de respuesta ante estas tramas delictivas, lo cual obligó a los encausados a modificar su operativa", especifica el documento, con el que el PSOE pide la revocación de la decisión de Pedraz, "pues en este caso no se dan los presupuestos mínimos para imponer una agrupación de todas las acusaciones populares".

Finalmente, los socialistas lamentan constatar que el juez ya les ha "retirado el acceso a las actuaciones en la nube (iCloud), que previamente se le había concedido. Esta decisión, que no esperábamos pero que nos ha sido confirmada por los servicios técnicos del Ministerio, responde a una exclusión deliberada para limitar el acceso únicamente al representante unificado de las acusaciones [Hazte Oír] Impedir a una parte personada el acceso a la causa lesiona gravemente su derecho a la defensa y no beneficia a nadie, por lo que resulta algo completamente injustificado", concluye el recurso del abogado Martínez-Fresneda Ortiz de Solórzano.