Vivienda toma las riendas para convertir Cuelgamuros en lugar de memoria

El Gobierno sigue dando pasos para transformar el Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos) en un lugar civil de memoria. Para acelerar el proceso, el ministerio de Vivienda ha tomado las riendas. Según fuentes del departamento que dirige Isabel Rodríguez, este mes febrero estará lista la redacción de los pliegos para lanzar un concurso público de ideas sobre el proyecto de resignificación. Se trata de una de las medidas incluidas en la ley de memoria democrática aprobada en octubre de 2022. Desde entonces se ha encontrado con diferentes escollos, empezando por la resistencia de los monjes benedictinos a desalojar el lugar.

La resignificación implica a hasta nueve ministerios diferentes, de ahí que se haya creado una comisión interministerial para coordinar los trabajos, de la que también participa la Presidencia del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Su objetivo es el de convertir el Valle “en un espacio que fomente los valores constitucionales y democráticos y en el que se promueva el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado”.

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Entre los debates pendientes de resolver, tratados en la última reunión, se encuentra la decisión sobre qué hacer con el altar de la Basílica. Sensible por tratarse de un lugar de culto y las implicaciones derivadas con el Concordato. Desde el ministerio de Presidencia y Justicia se ha tratado de mediar directamente con el Vaticano para perfilar algunas de estas cuestiones. Principalmente, para forzar la expulsión de los monjes.

Las conversaciones llevan más de medio año abiertas por parte del responsable de las relaciones con la Iglesia Católica, Félix Bolaños. Sin demasiado éxito por el momento. Los monjes rechazan una salida pactada si no es a través de la intervención del Vaticano. Aluden para ello a los acuerdos entre España y la Santa Sede.

El concurso de ideas para definir el nuevo Cuelgamuros se espera llevar al Consejo de Ministros durante el mes de marzo, una vez que se termine la redacción y pase por Abogacía del Estado e Intervención General. Deberá tener una “finalidad pedagógica” entre sus principales ejes, enfatizando el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus ascendientes en la que se considera la mayor fosa común de España.

Próximos pasos

El siguiente paso será aprobar un decreto para establecer el nuevo marco jurídico aplicable a este lugar y que determinará la extinción de la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. En el texto se declarará extinguida dicha fundación “por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales”. Asimismo, se determinará la organización, funcionamiento y régimen patrimonial de Cuelgamuros.

Las resistencias y la complejidad de la transformación del valle han provacado que se vayan acumulando retrasos sobre lo mandatado en la ley de memoria para este enclave. Por ello el Ejecutivo quiso aprovechar los actos de conmemoración por la muerte del dictador Francisco Franco, ‘España: 50 años en libertad’, para acelerar su despliegue. Tanto en lo referente a la resignificación de Cuelgamuros como en la declaración de otros lugares de memoria, para lo que se tramitará más de una treintena de expedientes.

Bienes incautados

La polémica restitución al PNV del palacete parisino que fuera sede del Gobierno vasco en el exilio se justificó también como mandato de la ley de memoria democrática. Una compensación rescatada dentro del decreto del escudo social convalidado en el último pleno del Congreso. El programa del Gobierno de coalición recoge por su parte el compromiso de desarrollar “la Ley de Memoria Democrática e impulsar las exhumaciones, culminando la resignificación de Cuelgamuros y avanzando en el reconocimiento del exilio republicano y de los lugares de memoria”.

Otros partidos, como ERC, reclaman asimismo restituciones que estudia una comisión técnica. De hecho, la norma recoge expresamente el desarrollo de un decreto con el reglamento sobre la "restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939, el cual fijará un nuevo plazo para la presentación de las solicitudes de restitución o compensación". Los cálculos que han manejado desde ERC sobre las incautaciones que habría sufrido su organización por parte del régimen franquista llegan hasta los 200 inmuebles por un valor económico cifrado en alrededor de 90 millones de euros.