DANA en Valencia
El contrato de telefonía de la Generalitat Valenciana obliga a la operadora conservar el registro de llamadas de Mazón
El pliego de condiciones establece que la empresa adjudicataria "debe ofrecer información sobre el registro de llamadas" de cada terminal
El Gobierno autonómico ha negado la factura del president alegando que la compañía "no emite facturas individuales"

Reunión del Cecopi, en la madrugada del miércoles, 30 de octubre, horas después de las inundaciones, a la que asistió Carlos Mazón.
Mateo L. Belarte
El pliego de condiciones del contrato de telefonía de la Generalitat Valenciana obliga a la empresa adjudicataria a conservar el registro de llamadas de cada una de las líneas dadas de alta. Así consta en el acuerdo marco firmado por la administración valenciana, al que ha tenido acceso Levante-EMV, y que contradice la versión del Gobierno regional, que ha negado al PSPV en las Corts regionales el listado de llamadas del president Carlos Mazón y otros altos cargos del Ejecutivo del día de la DANA, alegando que no dispone de "facturas individuales" de sus terminales, sino una "factura bimensual" que impide desglosar las comunicaciones de cada alto cargo.
Sin embargo, el citado contrato señala que la compañía adjudicataria de los servicios telefónicos "debe ofrecer información sobre el registro de llamadas, tanto entrantes como salientes, que permita obtener el detalle del tráfico y la facturación generada por todas las líneas internas y externas de la Generalitat".
Además, añade que el servicio "debe permitir almacenar información asociada al tráfico cursado en la red de Generalitat", incluyendo "como mínimo" si la llamada es entrante o saliente, si el origen y el destino es un número público o corporativo y la duración de la misma", entre otros requisitos. Asimismo, obliga a la empresa a "actualizar" esas informaciones con un desfase de 24 horas.
Doble negativa en lasº Corts
El Consell, a través del secretario autonómico de Transparencia, Santiago Lumbreras, ha rechazado hasta en dos ocasiones revelar el registro de llamadas de Mazón del 29 de octubre, como le ha pedido el PSPV a través de dos solicitudes de documentación registradas en las Corts. Los socialistas también reclaman las de la entonces consellera de Justicia, Salomé Pradas; de su número dos, Emilio Argüeso, y del resto del núcleo duro en Presidencia.
El Consell alegó la primera vez un defecto de forma en la petición parlamentaria, mientras en la segunda ocasión dijo en su respuesta oficial que la compañía contratada "no emite facturas individuales por cada uno de los teléfonos fijos y móviles cubiertos por el contrato", sino que es una "factura bimensual global objeto de la gestión centralizada, sin desglose de llamadas entrantes y salientes por lo que la Presidencia no dispone de un listado de llamadas individualizado correspondiente a cada uno de los usuarios a los que se refieren las solicitudes".
PSPV: "Mazón miente"
Fuentes socialistas subrayan que el contrato prueba que "Mazón mintió al negarle al grupo socialista el registro de llamadas del 29 de octubre" alegando que no dispone de "un listado de llamadas individualizado correspondiente a cada uno de los usuarios", ya que la empresa de telefonía solo hace "una factura bimensual global", "sin desglose de llamadas entrantes y salientes".
"Esto es falso", aseguran con contundencia las citadas fuentes, que destacan que el contrato "revela que el adjudicatario debe ofrecer información sobre el registro de llamadas tanto entrantes como salientes, que permita obtener el detalle del tráfico y la facturación generada por todas las línieas internas y externas de la Generalitat". La información del tráfico, prosigue, se debe actualizar cada 24 horas y debe incluir "como mínimo" el sigüiente detalle: tipo de llamada, entrante/saliente; origen de la llamada; destino de la llamada; duración de la llamada (hora de inicio y de fin) y coste de la llamada.
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