La Audiencia de Madrid avala investigar al novio de Ayuso por sus relaciones con Quirón

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la decisión de la jueza María Inmaculada Iglesias de ampliar la investigación contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En concreto, los magistrados han desestimado el recurso que interpuso el investigado contra la decisión de la magistrada de abrir una pieza separada por la posible utilización de una sociedad interpuesta para ocultar ingresos procedentes de Quirón y el presunto pago de comisiones encubiertas.

En la resolución se destaca que en el presente “momento procesal resulta procedente la sustanciación del proceso en orden a esclarecer si los hechos objeto de la pieza separada abierta pueden ser constitutivos de infracción penal. Las operaciones económicas y jurídicas realizadas" –continúan los jueces-, "podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta”.

Además, la Sala destaca que la decisión que reclama González Amador, en concreto el cierre de la pieza separada, "solo es adecuada en los supuestos en que exista una claridad absoluta sobre la atipicidad de los hechos, circunstancia que no concurre en el caso de autos a la vista de lo antes expuesto, derivado básicamente de la documentación notarial y tributaria unida a la causa". Por eso, los magistrados consideran procedente "la sustanciación del proceso, cuyo cierre prematuro se interesa por la parte recurrente".

Se negó a declarar

La decisión se adopta después de que el empresario se negara a declarar como imputado por los delitos de fraude fiscal y falsedad documental, una diligencia que se había visto suspendida hasta en cuatro ocasiones por diferentes motivos, y a punto de cumplirse un año desde que se interpuso la denuncia por parte de la Fiscalía.

Los magistrados tenían sobre la mesa el recurso interpuesto por Alberto González Amador contra la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid de ampliar las pesquisas -que inicialmente abrió contra él por delitos de fraude a Hacienda y falsificación documental- a nuevos posibles delitos de corrupción, por la posible utilización de una sociedad interpuesta para ocultar ingresos procedentes de Quirón.

"Una comisión encubierta"

La propia Fiscalía de Madrid apunta en un reciente informe aportado al Juzgado a "lo que parece ser el pago de una comisión encubierta de medio millón de euros" por parte del empresario a la mujer del presidente de Quirón Prevención por una empresa sin aparente valor comercial, lo que podría constituir un delito de corrupción en los negocios.

En el auto recurrido, la jueza abrió una pieza separada a instancias de las acusaciones populares que ejercen PSOE y Más Madrid. Concretamente, ve posibles nuevos delitos "en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L -empresa de Alberto González Amador- y su cliente Quirón Prevención S.L".

La acusación popular entendía que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber "una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado, o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención".

Entiende que podría tratarse de "una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS Products, SL e Inteconn, INC ya que como resultado de esas operaciones, Maxwell facturó a ambas empresas 2.021.900 euros en 2020".