Clavijo y Montero se dan una semana para cerrar el reparto de 4.400 menores migrantes

Una semana más de plazo. En los próximos siete días los gobiernos de Canarias y del Estado esperan cerrar un acuerdo definitivo sobre el reparto extraordinario de 4.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias y otros 400 de Ceuta al resto de territorios. En ese periodo, el Ejecutivo central se compromete a culminar todos los trámites en marcha para poder concretar la propuesta en un texto legal, presentar un informe garantizando la financiación de las nuevas acogidas en las comunidades autónomas y un plan sobre el número de menores que deberá acoger cada territorio. Con ese objetivo sobre un horizonte tan inmediato, la idea es empezar a negociar la reforma legal necesaria con los grupos en el Congreso a finales de marzo.

Esta es la hoja de ruta que pactaron este lunes en Madrid el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la vicepresidenta primera del Gobierno central, María Jesús Montero, sin que hayan podido trasladar una concreción más precisa sobre ninguna de las cuestiones por despejar: la fórmula de financiación, el mecanismo legal y el cupo para cada territorio. En todo caso, en la reunión, en la que también participó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en calidad de coordinador de la Comisión Interministerial para Inmigración (CII), los dos representantes estatales lograron del mandatario canario un margen de confianza para que en una semana un nuevo contacto, telefónico o por videoconferencia, cierre el círculo de un proceso que ambas partes esperaban haber cerrado dos meses antes.

Situación insostenible

Clavijo y Torres calificaron la reunión de “muy fructífera” pese a la ausencia de concreciones o nuevos datos sobre los elementos en discusión y también sobre otros aspectos de la agenda canaria que el presidente canario y la propia Montero abordaron de manera específica. En relación con el reparto puntual de 4.400 menores, Clavijo aseguró que la vicepresidenta le había transmitido que “el Gobierno no ha parado de trabajar, que es una absoluta prioridad y que espera poder en el plazo de una semana darnos ya los datos favorables para que se pueda producir esa modificación legislativa”.

"La situación de emergencia se ha dilatado mucho tiempo y es insostenible”, explicó Clavijo antes de resaltar que Montero “ha sido muy receptiva y es consciente de la gravedad y la necesidad de poder ofrecer resultados en el menor plazo de tiempo”.

Torres afirmó por su lado que están haciendo "un trabajo muy intenso” para que en el plazo comentado pueda cerrarse el acuerdo definitivo. “El Gobierno de España está en disposición de seguir caminando en los acuerdos de legislatura, tanto con la formación política (CC) como en la relación entre los gobiernos”, dijo el ministro, quien no comunicó avances en las negociaciones con Junts per Catalunya para el apoyo de esta formación a la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, para que el reparto de menores por todo el Estado sea automático y obligatorio desde el momento que alcanzan las costas de las comunidades frontera. Así, dio a entender que ese acuerdo con la formación catalana sería paralelo al del reparto extraordinario que se trabaja con Canarias. “Nuestra voluntad es que aquello que ocurrió en julio de 2024 no vuelva a ocurrir y tener los apoyos necesarios y suficientes”, afirmó Torres antes de añadir que “por supuesto que en todas las decisiones de un cambio legislativo hay financiación suficiente y necesaria para responder a una situación que es de Estado”.

Agenda canaria

En relación con otros asuntos de la agenda canaria, Clavijo informó que la ministra de Hacienda se había comprometido a transferir a Canarias antes de finales de abril buena parte de las partidas presupuestarias de 2023 prorrogadas durante 2024 -también los están por ahora en 2025 por la falta de cuentas públicas para el presente ejercicio-. En especial, se refirió a los 50 millones complementarios para la atención de menores migrantes, 20 millones de obras hidráulicas, 8,5 de ayudas para el agua de riego y lo correspondiente al POSEI adicional. A este respecto la ministra aseguró que se aprobará en ese plazo la bonificación del 60% del IRPF a los contribuyentes de La Palma, afectada por el volcán, aunque para los 100 millones de ayuda directa se siguen negociando los términos de la transferencia a las administraciones canarias y a los afectados.

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