Koldo trata de frenar la investigación del juez Puente sobre las contrataciones de Jésica en empresas públicas y sus viajes con Ábalos

La defensa de Koldo García, quien fuera asesor del exministro José Luis Ábalos durante su etapa en Transportes, busca que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo frene las diligencias que pudiera acordar el magistrado Leopoldo Puente --a solicitud de las acusaciones populares-- para ahondar en las contrataciones presuntamente irregulares de Jésica R. expareja del actual diputado del grupo mixto en empresas públicas como Ineco y Tragsatec, así como sobre la forma en la que se financiaron los viajes oficiales que realizó acompañándole cuando fue responsable de la cartera ministerial.

Considera que todas estas diligencias "desbordan el objeto" de la causa especial que fue abierta al exministro a consecuencia de la investigación iniciada en la Audiencia Nacional sobre los contratos millonarios de mascarillas adjudicados al inicio de la pandemia a la trama presuntamente corrupta liderada por el comisionista Víctor de Aldama.

"Los viajes privados de doña Jésica Rodríguez García o los viajes oficiales de un Ministro del Reino de España, y aún menos cuando existen en las presentes actuaciones elementos suficientes para conocer quien no pagaba los viajes de Doña Jessica Rodríguez García, salvo que consideremos que miente el actual Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y que la auditoría que se ha efectuado es imprecisa o falsa", llega a plantear esta parte en su escrito, al que ha tenido acceso este diario. Por otra parte, insiste en que "no se trata en esta causa especial de verificar el grado y antigüedad de la relación o vínculo de los señores Aldama, Ábalos y Koldo García".

"Evidente intención prospectiva"

El escrito que firma este lunes el abogado Ismael Moliner señala que las diligencias que solicitan las acusaciones populares, concentradas bajo la dirección letrada del PP, no guarda una relación directa con el objeto de investigación y suponen "una evidente intención de plantear una investigación prospectiva que no puede ser aceptada por los investigados, al suponer la evidente vulneración de sus más esenciales derechos fundamentales inherentes a la condición procesal que ostentan en el procedimiento" abierto en el alto tribunal.

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En relación con los viajes oficiales, por ejemplo, la defensa alude a la declaración prestada como testigo el pasado día 4 por la que fuera secretaria de Ábalos en Transporte, Ana María Aranda, quien según esta parte fue "clara y contundente al respecto de las contrataciones de los viajes oficiales y la posición de la señora Rodríguez García en los mismos". Aranda negó que desde el Ministerio se gestionaran los viajes de esta mujer y que ella fuera parte de la delegación de Gobierno que acompaña a dichos desplazamientos.

Considera por ello que "el hecho de que la acusación popular no esté conforme con el resultado de dicha declaración, no justifica que insista en la práctica de nuevas diligencias en la creencia de que las mismas arrojarán el resultado que a la misma interesa, cuando la información relevante al objeto de la presente instrucción en relación con los viajes oficiales ya ha sido debidamente incorporada y puesta de manifiesto".

Igualmente, impugna la "voluminosa documental que la acusación popular interesa que se incorpore" a la causa sobre las contrataciones de Jésica en Ineco y Tragsatec, al exceder "sobradamente de lo relevante para la presente investigación" y porque considera la defensa que "nada nuevo aportaría en relación con lo ya acreditado a través de las testificales" ya practicadas sobre este asunto.

Insiste además la defensa en que todas esas peticiones no tienen nada que ver "con la compra de mascarillas, la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela y sus viajes, ni es objeto de esta causa la mercantil Duro Felguera, ni la mercantil Air Europa", que es lo que está investigando el magistrado Puente conforme a la exposición razonada que le fue remitida desde la Audiencia Nacional.