El PP reclama a Bruselas que analice el pacto de inmigración PSOE-Junts y diga si compromete la seguridad de Europa

Los dirigentes del PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, llevan días asegurando que la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat de Catalunya que el PSOE ha pactado con Junts compromete la seguridad nacional de España y, en consecuencia, de la Unión Europea. El partido ha informado este martes de que el pasado viernes los eurodiputados del partido remitieron un texto escrito a la Comisión Europea pidiéndole que, como la política de inmigración constituye "una competencia compartida" entre la Unión y los estados y está regulada por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Acervo de Schengen, aclares si considera que ese pacto compromete "la seguridad y el control migratorio" y cómo se va a relacionar "con el Gobierno regional para las labores de coordinación policial que se hace en Europol o Frontex".

Según fuentes del PP europeo, la Comisión responderá a esas dudas por escrito y, habitualmente, tarda en hacerlo un mes. Los conservadores quieren que Bruselas vigile la legalidad del pacto al que el PSOE ha llegado después de más de un año de negociación, una concesión que prometió en enero de 2024 para asegurarse que saldrían adelante nos votaciones parlamentarias.

Una palabra encalló durante días el pacto PSOE-Junts en inmigración: así se cerró la delegación de competencias a Cataluña

En un comunicado del partido distribuido este martes, Dolors Montserrat, portavoz de los eurodiputados populares, afirma que "fragmentar la gestión de fronteras y la concesión de residencia puede comprometer gravemente la seguridad y el control migratorio en el espacio Schengen". "No podemos tolerar que los antojos de las fuerzas independentistas primen en un ámbito tan sensible que puede afectar a toda Europa", añade. 

Los conservadores apelan a la Comisión para que "vele por el estricto cumplimiento del Derecho de la UE y garantice que ninguna cesión de competencias vulnere las normas comunitarias". Además, exigen que Bruselas evalúe "si la transferencia de estas funciones podría generar disfunciones en la coordinación de Europol y Frontex, afectando la eficacia de la lucha contra el crimen organizado y la inmigración ilegal".