El juez Peinado apunta al Gobierno con la nueva causa por malversación por el contrato de la asistente de Begoña Gómez

Las últimas diligencias acordadas por el juez Juan Carlos Peinado en la causa en la que investiga a la esposa del presidente del Gobierno se han centrado en la contratación como asesora de Moncloa de Cristina Álvarez por desempeñar labores de asistente para Begoña Gómez. El magistrado ha dirigido hasta tal punto las pesquisas en esa dirección que ha abierto una pieza separada, que es en la que ha llamado a declarar como testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para el próximo 16 de abril.

El juez Peinado investiga ahora también un posible delito de malversación por la contratación de la asistente de Begoña Gómez

Además, aunque las acusaciones ya incluían el delito de malversación de caudales públicos el pasado mes de noviembre en los escritos que presentaron para que imputara a Álvarez, el magistrado no lo había considerado conveniente hasta el auto en el que acuerda la apertura de la pieza separada y la citación del ministro, una decisión cuando menos llamativa, si se tiene en cuenta que la malversación no podría ser cometida por ella, ni siquiera por Begoña Gómez, porque solo puede serlo por quien tiene la responsabilidad sobre el dinero público supuestamente desviado, lo que podría conducir en su caso al miembro del Ejecutivo al que correspondiera esa responsabilidad.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 no puede investigar a los miembros del Gobierno, porque son aforados ante el Tribunal Supremo. De ahí que, en el caso de entender que alguno de ellos ha podido cometer el delito investigado, debería elevar una exposición razonada al alto tribunal en la que le mostraría los indicios recabados que, en su opinión, hacen conveniente su imputación. Al haber abierto una pieza separada, el juez Peinado podría remitirla en lo relativo a la contratación de Álvarez y a la vez retener el grueso de la investigación que dirige contra Begoña Gómez.

En su resolución el magistrado destaca las declaraciones que han prestado ante él Alfredo González Gómez, como testigo, y la propia Cristina Álvarez, que lo ha hecho como imputada, después de hacerlo como testigo el pasado 18 de diciembre. El juez añade que lo hace "obrando en autos informe de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno con, entre otros, la propuesta de nombramiento de esta última, las funciones encomendadas y lugar y condiciones de la prestación de servicios, remuneración recibida y aplicación presupuestaria".

Según Moncloa, Cristina Álvarez desempeña "tareas de colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo en el marco de la atención a la esposa de presidente del Gobierno, en las que predominan las notas de afinidad inherentes a la confianza"

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Como a la vista de esas diligencias "pudiera desprenderse la comisión de un delito de malversación de caudales y/o fondos públicos", explica el juez, "resulta procedente acordar la práctica de diligencias de prueba adicionales, consistente en recibir declaración testifical de don Félix Bolaños, que si bien actualmente ostenta el cargo de ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, los hechos por lo que debe prestar su testimonio acontecieron cuando tenía la condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno". En este extremo es en el que justifica ir a tomarle declaración a su despacho y que no pueda contestar por escrito.

Cuando Álvarez fue nombrada directora de programas, en julio de 2018, Alfredo González Gómez era vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno. Ante el juez, González Gómez, que ahora ocupa otro cargo público, explicó que no conocía a Álvarez y tampoco recordaba quién le había dado sus datos, extremo, que según fuentes presentes en la declaración pareció sorprender al magistrado, así como que no hiciera falta un currículum determinado para ser asesor en Moncloa. El testigo señaló que con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se nombraron entre 80 y 90 cargos de confianza, personas que en su mayoría no recuerda.

De Testigo a imputado

Bolaños, como superior inmediato del anterior testigo, podría colaborar a aportar luz sobre la designación de Cristina Álvarez, quien como testigo reconoció ante el juez Peinado la autoría de los correos electrónicos en los que manifestaba a los responsables de Reale Seguros que a Begoña Gómez le "encantaría" que la aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que esta codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Afirmó que lo hizo como "favor" para una amiga, distinguiendo esta actuación de las que desarrolla como asistente para llevar su agenda "365 días durante 24 horas al día". En su declaración como imputada negó haber solicitado nunca nada para ella o para terceros prevaliéndose de su cargo o haber influido sobre ningún funcionario con tal fin.

Cristina Álvarez es la cuarta víctima de una práctica que se está convirtiendo en norma con Peinado: prestar declaración como testigo y que luego te cambie la condición a la de imputado, con la consecuente vulneración del derecho de defensa que ello supone, porque con la primera condición estás obligado a decir verdad y como investigado tienes derecho a no contestar o a hacerlo en los términos que consideres más convenientes para tu defensa.

Peinado también le cambió la condición tras tomarles declaración como testigos al empresario Juan Carlos Barrabés, al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y al presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación del Instituto de Empresa, Juan José Güemes.