La Audiencia de Badajoz respalda a la jueza que investiga al hermano de Sánchez por la contratación de un asesor de Moncloa

La Audiencia Provincial de Badajoz respalda la investigación que la jueza Beatriz Biedma, que instruye la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y que apunta posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación relacionados con la contratación en la Diputación Provincial de Badajoz de Luis Carrero, un ex asesor en Moncloa que desde 2023 ocupa un puesto directivo en esta institución. La magistrada ve indicios de que su fichaje ha servido para dar cobertura de legalidad a la "satisfacción" de las "preferencias personales" de David Sánchez una vez llegó a un puesto que habría sido creado expresamente para él en el órgano provincial.

En dos autos a los que ha tenido acceso este periódico, la Sección Primera de la Audiencia rechaza los recursos de apelación presentados por la defensa de Sánchez, tanto por la incautación de los correos electrónicos intervenidos sobre la contratación realizada a Carrero como por el encargo realizado la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para que los analizara. Esta parte de la investigación se inició tras salir a la luz un mail con fecha de julio de 2022 en el que el entonces trabajador en presidencia se dirigía al músico como "querido hermanito" y trataba con él varios asuntos profesionales referidos a proyectos musicales en los que Sánchez ya estaba trabajando. Un año después fue contratado por la Diputación como coordinador de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

En sus recursos, la defensa reprochaba a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz que una investigación que inicialmente giraba compartir que la investigación inicial giraba en torno a la creación del puesto de trabajo del hermano del presidente del Gobierno como Coordinador de las actividades de los Conservatorios y la posterior modificación de su nombre ahora quiera "abarcar una pretendida cobertura de legalidad en la satisfacción de las preferencias personales del señor Sánchez", tal y como lo expresó la propia magistrada en su auto.

Los magistrados Emilio Francisco Serrano, María Dolores Fernández y José Antonio Bobadilla avalan, no obstante esta "dilatación de los límites de la instrucción" en que la instructora se limita a acordar unas diligencias de investigación. Además, y al haberse suscitado una posible vulneración de derechos fundamentales, entran en el fondo del asunto para concluir que no aprecian "óbice alguno a que la instructora encomiende a la UCO un determinado análisis (...) a modo de auxilio en la investigación".

Datos sobrevenidos

La Audiencia razona que es factible "que existan datos sobrevenidos o referidos (como es el caso) a personas que aparezcan en la investigación en curso o que sean mencionados por el investigado en el curso de su declaración, como ha sido también el caso" en relación con Carrero, citado por el propio David Sánchez como la persona con la que colaboraba y compartía despacho.

"Existe pues una motivación pertinente en la resolución recurrida, que consideramos adecuada y suficiente, para justificar lo acordado", concluye la Audiencia, "sin que desde luego quepa cuestionar diligencias de investigación sin más, a modo de paralización de la causa con continuos recursos".

Agrega, citando la posición de la Fiscalía, que la denominada doctrina de la “recogida de arrastre” permite indagar en las comunicaciones de personas diferentes a los inicialmente investigados, como es el caso de Carrero, "sin que por ello se quebrante derecho fundamental alguno como se propugna y siempre que exista (...) una motivación reforzada especial", que también se da en este asunto.