La Fiscalía avala la imputación de Pradas porque debía proteger a la población en la dana

La Fiscalía de Valencia respalda el criterio de la jueza y ha pedido confirmar la imputación de la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas en la causa sobre la gestión de la dana porque le correspondía a ella "determinar las medidas de protección a la población que debían adoptarse", según la ley de Protección Civil. El ministerio fiscal considera que el auto de la jueza el pasado 10 de marzo, en que se imputa a la exconsellera y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso, "es ajustada a Derecho", por lo que pide confirmarlo. Este posicionamiento se ha conocido esta tarde, después de la declaración como investigada de las exconsellera, realizada durante la mañana.

Cabe recordar que la defensa de la exconsellera señalaba en su recurso que no cabe atribuir responsabilidad penal por las muertes a un técnico o político concreto, sino "todo lo más al funcionamiento de las tres administraciones implicadas". Era el escrito en el que se presentaba como "cabeza de turco" de esta catástrofe.

El escrito del fiscal, al que ha tenido acceso este diario y que se ha conocido después de que Pradas haya declarado este viernes como investigada, destaca que "la dirección de plan especial ante el riesgo de inundaciones en la Comunitat Valenciana" correspondía a la entonces consellera "una vez declarada la situación de emergencia dos, y, por ende, la función de determinar las medidas de protección a la población". La fiscalía también recuerda que el Gobierno valenciano es el órgano superior de dirección de la protección civil en la Comunidad Valenciana, que la conselleria debe gestionar el Centro de Coordinación de Emergencias, y que a la consellera titular le corresponde "ejercer el mando único de la emergencia", determinando también "las medidas de protección más convenientes para las personas".

Tras recordar toda la normativa, la Fiscalía también recuerda que según la propia información facilitada por la Conselleria de Emergencias a la jueza, "se infiere que la dirección del plan especial ante el riesgo de inundaciones correspondía" a la consellera.

Por ello, la Fiscalía plantea desestimar el recurso de apelación de Pradas contra su imputación, en el que pedía archivar las diligencias porque "no cabe atribuir responsabilidad penal por la muerte de las víctimas" a "personal técnico o político concreto, relacionado con los hechos de sus competencias, sino todo lo más al funcionamiento de las tres administraciones implicadas".

Oposición a la imputación de Argüeso

En el caso de Argüeso, la Fiscalía de Valencia se opone por ahora a su imputación, sin perjuicio de que el avance de la investigación sobre la dana revelara que tenía algún tipo de cometido "que hubiera podido evitar o disminuir" las muertes.

Así lo recoge un escrito de Fiscalía, fechado este miércoles en el que el Ministerio Público apoya la apelación de Argüeso al auto de la jueza instructora de la dana del 10 de marzo por el que le imputó dada su "relevancia orgánica y por ende decisoria" y por el que ha declarado este viernes como investigado, al igual que Pradas.

Sin embargo, a pesar de esa "relevancia", la Fiscalía se apoya en jurisprudencia del Supremo para concluir que "la responsabilidad penal es estrictamente personal", y esa en principio debería recaer en su superior, la consellera Pradas.

A pesar de este posicionamiento, en el que el ministerio fiscal se aparta del criterio de la jueza de Catarroja, las declaraciones de Argüeso se ha producido este viernes, tal como estaba prevista. La petición de la Fiscalía se ha conocido con posterioridad.

La Fiscalía considera que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no se puede "desembocar en atribuciones objetivas de responsabilidad por el mero hecho de la posición o cargo que una persona concreta ostente en la organización, por muy alto que este sea". Argüeso era secretario autonómico de Emergencias, el número dos de la Conselleria que dirigía Pradas.

Afirma la Fiscalía que esto no significa que no se pueda proceder a una posterior imputación del mencionado cargo autonómico si el avance de la investigación "revelara que tenía algún tipo de cometido relacionado con la adopción de medidas y/o decisiones que hubieren podido evitar o disminuir los fallecimientos o lesiones de personas provocados por la dana, y que infringió su deber de actuar creando un riesgo para la vida o integridad física de las personas".