García Ortiz ignora las criticas y propone al fiscal que fijará criterio sobre el delito que le imputan

No ha habido sorpresa. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, propondrá al Gobierno los nombramientos del que fuera fiscal Anticorrupción en Barcelona Emilio Sánchez Ulled y del fiscal del Tribunal Supremo Fernando Rodríguez Rey para los dos nuevos puestos en la cúpula de la Fiscalía creados dentro del Plan de Acción por la Democracia presentado por el Gobierno a finales del pasado octubre. Ocuparán, respectivamente, la Fiscalía de Sala de Coordinación de Delitos contra la Administración Pública y la equivalente de Delitos Económicos.

La primera ha sido objeto de polémica durante las últimas semanas, después de que la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, pidiera a García Ortiz que se abstuviera de nombrar a su responsable, ya que es quien tendrá entre sus competencias fijar criterio sobre delitos como el de revelación de secretos, por el que el máximo responsable del ministerio público está siendo investigado en el Tribunal Supremo. El elegido para ocupar este puesto es Emilio Sánchez Ulled, que acusó y consiguió la condena en causas de especial relevancia como el caso Palau o la que sentó en el banquillo al expresident Artur Mas por la consulta del 9-N.

Para la asociación conservadora García Ortiz debió haberse apartado de este nombramiento para no poner en entredicho la imagen de la institución y la suya propia de "imparcialidad y neutralidad". El fiscal general rehusó, al considerar que él no tiene afectadas sus competencias como fiscal general y tras recordar que sí se había apartado de la actuación del ministerio público en la causa que se sigue en su contra.  

Por esta razón, los seis vocales en el Consejo de la AF no han votado a ninguno de los candidatos que se presentaron para el puesto, mientras que sí lo han hecho para el resto de plazas. Tampoco ha votado la vocal de la Asociación Profesional de Independiente de Fiscales (Apif), informan fuentes fiscales a EL PERIÓDICO. Ello supone que Sánchez Ulled haya sido elegido solo con el voto de los tres miembros natos del Consejo Fiscal (el propio fiscal general, la teniente fiscal del Supremo y la jefa del Servicio de Inspección) y los de los dos vocales de la UPF.

Innecesaria

Desde la asociación mayoritaria se considera que la creación de estas dos nuevas fiscalías es innecesaria, en especial la dirigida a los delitos contra la Administración, "por su posible colisión con las competencias de otros órganos del ministerio fiscal", en clara referencia a la Fiscalía Anticorrupción. Entre los aspirantes al cargo estaban los fiscal del Supremo Rafael Escobar y Álvaro Redondo, que se opuso a investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por delitos terrorismo en el caso Tsunami tras conocerse un primer borrador en que abogaba por lo contrario.

El resto de candidatos para la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública eran el exfiscal Anticorrupción Carlos Castresana, ahora en el Tribunal de Cuentas, la exfiscal de la Fiscalía Europea Concepción Sabadell y la fiscal decana de Delitos Económicos en Madrid, Virna Alonso, cuya participación en la elaboración de la nota de prensa que dio lugar a la investigación al fiscal general por revelación de secretos ha sido investigada también por el alto tribunal, aunque ella nunca estuvo imputada.

Algunos de ellos, como Castresana y Alonso repetían candidatura para la Fiscalía de Sala de Coordinador de Delitos Económicos, a los que se sumaban el fiscal Anticorrupción del caso mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid, Luis Rodríguez Sol, y la también fiscal Anticorrupción Carmen Launa. Finalmente el elegido ha sido Fernando Rodríguez Rey, cuya designación no ha sido polémica, ya que desde 2022 era el fiscal de Sala Delegado de Delitos Económicos y ahora pasará a estar al frente de la unidad especializada, que contará además con dos fiscales adscritos y fiscales especialistas en todo el territorio.

Para la plaza de fiscal de Sala de Seguridad Vial ha sido elegido Mario Jesús Sanz Fernández-Vega, con mucha menos antigüedad que algunos de los otros candidatos, como el votado por la representante de la Apif, Francisco Javier Muñoz Cuesta, que actuó en el caso seguido contra el exdirector general de la Guardia Civil Luis Roldán o el del expresidente navarro Gabriel Urrulburu, lo que se interpreta por algunas fuentes como una forma que "desmotiva" la carrera.

Informes

El Consejo Fiscal también ha abordado su informe sobre el anteproyecto de ley orgánica por el que se modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal. El ponente del borrador del informe es el fiscal Miguel Rodríguez Marcos, exvicepresidente de la Asociación de Fiscales. El anteproyecto en cuestión propone incluir un examen escrito para el acceso a la carrera judicial y fiscal, ampliar el número de plazas de jueces y fiscales y de becas para opositores y prohibir la financiación privada de las asociaciones, entre otras cuestiones.

El debate se centró en la creación del cuarto turno de acceso a la carrera fiscal, el proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal y el papel del Centro de Estudios Jurídicos en la preparación y becas de opositores. En estos puntos los críticos aprecian una reducción del conocimiento exigido a los futuros jueces en beneficio de pruebas que admiten una mayor arbitrariedad para tratar de cambiar sociológicamente a jueces y fiscales. La redacción alternativa que los vocales de la AF propusieron para estos puntos fue aprobada por la mayoría del pleno, lo que llevó al fiscal general del Estado a anunciar que los vocales natos presentarán un voto particular para reflejar su criterio.

El Consejo General del Poder Judicial, por su parte, alertó en su informe de "disfunciones" que podrían generar "una carrera a dos velocidades". El órgano de gobierno de los jueces advirtió de que algunas de las "innovaciones de calado" que contempla la reforma podrían "debilitar la independencia del Poder Judicial".