El Gobierno negocia con sus socios compensaciones económicas por bienes incautados en la Guerra Civil

El Gobierno tiene “en fase de estudio” un real decreto con el que se pretende compensar económicamente a los partidos políticos por los bienes que les fueron incautados durante la Guerra Civil. El texto se prevé llevar al Consejo de Ministros en los próximos meses, como consta en el plan anual normativo de 2025. Según fuentes del departamento de Política Territorial encargado de impulsarlo, para seguir desarrollando la ley de memoria democrática, una vez desbloqueada la resignificación del valle de Cuelgamuros a la que también mandataba la norma.

La medida se incluyó como una disposición adicional en la ley de memoria aprobada la pasada legislatura por las presiones de ERC, que amenazó con tumbarla hasta el último momento. Los republicanos catalanes pretenden negociar ahora el contenido del decreto. Principalmente, en lo que tiene que ver con las auditorías sobre “bienes expropiados” en el periodo entre 1936 y 1939 y las propuestas de reparación, según fuentes parlamentarias. Aunque las mismas fuentes evitan hacer cálculos, a la espera de dichas auditorías, en su momento valoraron en alrededor de 90 millones euros los inmuebles incautados.

El PNV afirma que el traspaso del palacete en París ya se ha "completado" pese a caer el decreto que lo cedía

Desde el ministerio de Política Territorial que dirige Ángel Víctor Torres reconocen el interés de algunos de los socios del Ejecutivo por el contenido del decreto. Aunque evitan hablar de negociación, sí apuntan a que “se está estudiando y hablando”. Con el PNV ya se llegó a un acuerdo antes de final de año para la restitución de un palacete parisino utilizado por el Instituto Cervantes. Una reivindicación histórica de los jeltzales, al haber sido la sede del Gobierno vasco en el exilio, que se incluyó en el decreto ómnibus provocando el rechazo del PP.

Esta restitución se complementó con la compensación por la “privación” a los nacionalistas vascos de otros dos inmuebles en Francia. Un acuerdo que se justificó en la ley de memoria “dando efectividad al derecho de reparación en los supuestos de determinados bienes incautados en el extranjero en situaciones específicas y excepcionales”.

El PCE, por su parte, ya recibió compensaciones por patrimonio incautado durante el franquismo, así como el sindicato UGT. A esta última organización se le devolvieron en el año 2005 bienes valorados en 140 millones de euros tras la aprobación de un decreto que sacó adelante el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Más allá de las formaciones políticas, según datos del Gobierno, el número de beneficiarios por las reparaciones económicas por parte del Estado desde la vuelta de la democracia supera los 611.800, por un valor de 25.500 millones de euros.

El principal interesado en este decreto es, por tanto, ERC, quien precisamente forzó su inclusión en la norma. Según se recoge en la disposición pactada, “el Gobierno aprobará el Reglamento de desarrollo de la Ley 50/2007, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939, el cual fijará un nuevo plazo para la presentación de las solicitudes de restitución o compensación”. Así consta también en el plan anual normativo.

Los republicanos ya presionaron en el Congreso hace un año, a través de una moción, para que el Gobierno acelerase el cumplimiento de esta medida incluida en la ley de memoria democrática aprobada en octubre de 2022. De hecho, la norma establecía un plazo de seis meses desde su aprobación.

Memorial de Cuelgamuros

Las otras medidas de la ley de memoria que tiene pendientes de desarrollar vía real decreto el ministerio de Política Territorial, competente en esta materia, son el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y el nuevo marco jurídico del valle de Cuelgamuros para regular su organización, funcionamiento y régimen patrimonial.

La secretaría de Memoria Democrática ha estado centrada principalmente desde el inicio de la legislatura en la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Un proceso que se logró desbloquear a finales del pasado mes de marzo tras un acuerdo con el Vaticano. A cambio, se acordó la permanencia de los monjes benedictinos, que podrán seguir celebrando misas, la “no desacralización de la Basílica” y “el respeto a todos los elementos religiosos situados fuera de la misma”. Tras ello, se sacó a concurso el denominado ‘Memorial de Cuelgamuros’ para reconvertir el monumento franquista en un “centro de reinterpretación histórico, artístico y paisajístico”.