Claves
Un 'lobby' con influencias en Hacienda: las claves de la investigación secreta al despacho que fundó Montoro
Un juez de Tarragona analiza desde 2018 si Equipo Económico, dirigido por ex altos cargos de Hacienda, usó sus "influencias" en la Administración para beneficiar a clientes y perjudicar a otras personas
El exministro de Hacienda Cristóbal Ricardo Montorom ante la comisión de Investigación sobre la denominada ‘Operación Cataluña’ / Ricardo Rubio - Europa Press
La justicia mantiene abierta una investigación declarada secreta desde 2018 en relación con la actividad del despacho Equipo Económico, fundado en 2006 por quien fuera hasta dos veces ministro de Hacienda con el PP, Cristóbal Montoro, por una docena de supuestos delitos de corrupción. Según la Fiscalía especializada, los responsables de la entidad los habrían cometido en beneficio de sus clientes, al usar sus "influencias" entre "altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda", del que habrían formado parte anteriormente ocupando puestos de responsabilidad.
Correos electrónicos en poder del juez de Instrucción número 2 de Tarragona Rubén Rus Vela que ha podido consultar EL PERIÓDICO sacan además a la luz maniobras de la cúpula de Hacienda en beneficio del PP y en perjuicio de determinados ciudadanos. Entre las personas que aparecen como investigadas en las actuaciones figura el propio Montoro y varias personas que estuvieron al frente de la Agencia Tributaria mientras él dirigía Hacienda.
La causa contra equipo Económico -la segunda que se abre contra el despacho, tras una investigación sobreseída en 2019 por un juzgado de Madrid-, la instruye el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, que mantiene sus pesquisas en secreto desde 2018. Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso este diario, las personas que dirigen Equipo Económico formarían parte de una trama u organización dirigida a "intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables", en primer término para unas empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGGIM).
No obstante, la documentación incautada en el curso de la instrucción hace sospechar a los investigadores que la actividad presuntamente delictiva podría haberse repetido en el caso de otros clientes del despacho o personas señaladas por los responsables del mismo. La investigación se encuentra a expensas de que se analice toda esa información y alcanzar una conclusión en relación con el contenido de estos documentos, que ha provocado una fuerte controversia en el seno de la Fiscalía Anticorrupción y un enfrentamiento directo entre la fiscal inicialmente adscrita al caso y su superior, el fiscal jefe, Alejandro Luzón.
Equipo Económico (EE), antes Montoro Asociados y desde el año 2016 Global Afteli (GA), fue fundado por Cristóbal Montoro en 2006. Con ocasión de la instrucción iniciada en 2017 por un juez de Madrid, que vinculaba al despacho con unos contratos irregulares con las cámaras de comercio, el entonces titular de Hacienda con Mariano Rajoy defendió que se había desvinculado de la entidad dos años después de su puesta en marcha, en 2008. Entre los investigados en la causa abierta en Madrid se encuentra el propio Cristóbal Montoro y los responsables del despacho en el centro de las pesquisas.
Además del exministro, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, tienen la condición de investigados en la causa el inspector de Hacienda y exasesor del equipo de Montoro Rogelio Menéndez Menéndez, hermano del ex director general de la Agencia Tributaria Santiago Menéndez Menéndez, que también figura como imputado. El listado lo completan el que fue jefe de gabinete de Montoro Felipe Martínez Rico, remitente de buena parte de los correos investigados; los socios directores de Equipo Económico Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud, que dirigió la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004, y la exsocia del despacho Pilar Platero. Según la propia página web de la compañía, Vicente-Tutor trabajó 13 años en Hacienda y llegó a formar parte del Comité de Dirección de dicha institución. Al estar secreta la causa ninguno ha declarado aún ante el magistrado.
La causa contra ellos se formuló a raíz del hallazgo casual de unos correos electrónicos de 2013 en los registros a una empresa gasística, a lo que se sumó una denuncia anónima que apuntaba hasta 12 delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, malversación, contra la hacienda Pública, blanqueo de capitales, corrupción en los negocios, falsedad en documentos, contra la libre competencia y pertenencia a organización criminal, si bien será la investigación la que, a su término, se ocupe de fijar una calificación jurídica de los hechos, a los que podría añadirse el de revelación de secretos, según las fuentes consultadas por este diario.
Las pesquisas han encontrado obstáculos en la propia Fiscalía Anticorrupción. La fiscal al frente de las pesquisas, Carmen García Cerdá, recurrió a un mecanismo poco habitual, la aplicación del artículo 27 del Estatuto Fiscal, para mostrar su discrepancia con las órdenes recibidas de su jefe, el responsable de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que no era partidario de practicar más diligencias en relación con los documentos adjuntos a los correos que habían aparecido en la causa. Al alegar dicho precepto, obligó a la celebración de una Junta de Fiscales para tratar de sumar apoyos a su posición.
En la reunión celebrada el 26 de septiembre de 2023, Luzón obtuvo el respaldo de 19 compañeros, mientras que solo cinco apostaron por García Cerdá, lo que significó que las diligencias que ella consideraba necesarias para que avanzara la instrucción no se practicaron. No fue apartada de la causa, pero se determinó que a partir de entonces actuaría junto a Antonio Romeral.
Tras intervenir los ordenadores de Messer Ibérica de Gases, en un registro realizado en su sede en Vila-Seca (Tarragona), los investigadores encontraron correos que les hizo sospechar de que el modus operandi del despacho para lograr influencias en la Administración que beneficiaran a sus clientes iba más allá de los productores de gas.
De hecho, y en respuesta a un recurso de la Fiscalía dirigido a levantar el secreto de las actuaciones, la propia Audiencia Provincial de Tarragona daba cuenta de la "extrema complejidad" que presenta la causa y del "ingente y complejo material incautado" a finales de 2021, para anunciar la alta probabilidad de que la instrucción se convierta en "origen de múltiples investigaciones derivadas".
El hecho es que los investigadores tuvieron acceso a numerosos correos electrónicos intercambiados entre altos cargos de la Agencia Tributaria, coincidiendo con la etapa en la que Montoro estaba al frente de Hacienda, en los que se hacía referencia a la situación fiscal de distintas personas, como la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, el exministro Rodrigo Rato o el confundador de Podemos Juan Carlos Monedero, según las diferentes fuentes de la investigación consultadas y documentos a los que ha tenido acceso esta redacción. En su caso, no tanto para beneficiarles como en el caso de las empresas gasísticas, sino más bien para perjudicarles.
Uno de los correos, de septiembre de 2017, aludía a la inspección que altos funcionarios de Hacienda hicieron a un periodista, que había informado en diferentes ocasiones acerca de una querella que había interpuesto Anticorrupción en abril de 2017 contra los directivos de Equipo Económico.
La fiscal Carmen García Cerdá fue sancionada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a abonar una multa de 1.000 euros al considerar que cometió una falta disciplinaria muy grave por supuestamente desobedecer a su jefe, que le ordenó no seguir investigando los correos electrónicos con los que se topó el juez Rus Vela al investigar a Equipo Económico. La sanción será recurrida ante el Tribunal Supremo por la representante del ministerio público que niega haber cometido cualquier tipo de desobediencia.
Otras informaciones, que ha ido revelando este diario, evidencian las presuntas maniobras que desplegó la cúpula de Hacienda para evitar que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz atribuyera al Partido Popular un delito fiscal en el caso de los papeles de Bárcenas. En otro de los documentos consultados se constata que el entonces ministro de Hacienda era informado desde el primer minuto de las novedades que se producían en el frente judicial que tenía abierto la familia Pujol.
Pese a que la causa sigue secreta, el PSOE ha solicitado personarse en el procedimiento, al igual que varios de los afectados, como Rodrigo Rao o Monedero. En un reciente escrito los socialistas ha reclamado al juez Rubén Rus que levante el secreto de las actuaciones para darle el impulso procesal que corresponda. Además, intentaron sin éxito que el Tribunal Supremo tuviera en cuenta los correos electrónicos intervenidos en el procedimiento a la hora de revisar la condena del extesorero del PP Luis Bárcenas en la causa en la que se investigó la contabilidad en B del partido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un tiburón gigante sorprende en el Mediterráneo: De 10 metros y cuatro toneladas
- Un pueblo de Castellón denuncia la presencia de cabras ‘volando’ entre sus tejados: 'Es un problema para los vecinos
- Gonzalo Bernardos avisa a los españoles: 'Los que se quieran comprar una casa se tienen que dar mucha prisa
- Gran susto en las fiestas de Almassora por una cogida durante los 'bous al carrer
- Natalia de Santiago sobre la jubilación: 'Los 1.000 de hoy van a valer 500 si los dejas en el banco
- Crisis en una empresa de Castellón: Frost Trol despide a toda su plantilla
- Primero el jabalí y ahora el conejo de monte: El Consell ultima una norma para atajar la plaga
- Dos grupos vetan al Arenal Sound y el FIB 2025: plantan cara a Israel y a sus propietarios KKR
