La alcaldesa de Valencia evita apartar a Badenas hasta ver cómo evoluciona la investigación de la UCO

El registro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en dependencias del Ayuntamiento de València no tendrá consecuencias en el gobierno municipal formado por PP y Vox por el momento. Los tiempos de la alcaldesa María José Catalá no son los tiempos de la Fiscalía Provincial ni los de la oposición. Catalá no ha informado de que vaya a expulsar al concejal Juan Manuel Badenas (Vox) del gobierno local tal como sí hizo a primeros de marzo cuando trascendieron los primeros contratos presuntamente fraudulentos firmados por el entonces concejal de Empleo y de Parques y Jardines, y tras producirse la expulsión cautelar de Badenas de Vox.

Catalá esperará a ver cómo evoluciona el caso para tomar decisiones. Primero se verá si Badenas es acusado formalmente de algún delito y luego si se abre una causa judicial contra él. Mientras tanto, la alcaldesa aplaza cualquier decisión porque necesita los votos de los 4 concejales de Vox para garantizarse la mayoría absoluta en la corporación. La mágica cifra de 17 concejales, 13 del PP y 4 de Vox, garantiza poder aprobar las ordenanzas fiscales, los presupuestos y los planes urbanísticos de gran calado. Quedan por delante dos años más, pues será en mayo cuando el mandato (2023-2027), llegue a su ecuador.

Mientras, Catalá ha defendido que una de las adjudicaciones realizadas por Badenas en Valencia Activa es legal pues la propia secretaría del Ayuntamiento así lo ha certificado. Sobre los otros contratos bajo sospecha que se adjudicaron en la fundación de empleo y en Parques y Jardines, y que reclamó la UCO el miércoles, nada ha manifestado la alcaldesa.

La intervención de la Guardia Civil agrava la debilidad del gobierno municipal

Ahora bien, la fragilidad del gobierno local es notable. En apenas dos años, Catalá ya ha acometido y aprobado hasta tres crisis de gobierno en su equipo de concejales. La tercera de ellas fue para quitarles todas las competencias a los regidores díscolos de Vox y repartirlas entre José Gosálbez y Mónica Gil, los dos voxistas fieles al pacto de gobierno desde el primer momento y fieles a la dirección de Madrid. Catalá acordó a primeros de abril readmitir a Badenas y Herrero en el gobierno municipal, tras dar muestras ambos de que a la mínima iban a condicionar la gobernabilidad de la tercera ciudad de España y pasar un breve período de tiempo en el Grupo de No Adscritos.

Pero la alcaldesa les confió una sola delegación, Patrimonio y Disciplina patrimonial, a cada uno, unas responsabilidades irrelevantes, que apenas si les obligan a asistir cada mes a las sesiones del pleno. Vox, por su parte, ha sacado a Badenas y Herrero de todas las comisiones municipales y de todos los órganos de administración de las empresas y fundaciones municipales como EMT, Valencia Activa o el Palau de la Música. Pero aún así, los dos votos de Badenas y Herrero son imprescindibles.

En el pleno de marzo, la abstención de Badenas y Herrero permitió que se aprobase una moción de Compromís, apoyada por el PSOE, sobre el Nou Mestalla. No era un tema relevante pero ahí, los concejales díscolos ya exhibieron su poder para condicionar la gobernabilidad de València.

En el pleno de abril, celebrado este miércoles, la propuesta de aprobación del nuevo Consejo Local de Inclusión y de Derechos Sociales tampoco se aprobó porque la oposición la rechazó y Vox, esta vez, con los 4 concejales ultraconservadores al alimón, se abstuvieron.

El resultado es que Badenas y Herreron son un verso libre. Se sientan apartados en el hemiciclo para escenificarlo. Están alejados de la disciplina de voto de PP y Vox, por mucho que los voxistas hayan afirmado públicamente que ambos van a acatar el pacto suscrito en octubre de 2023 entre ambas formaciones de derechas. Ahora, el problema puede agrandarse. A medida que avance la investigación de la Policía Judicial, Compromís y PSOE tendrán más artillería contra Catalá y el PP. Ya no es un asunto interno de Vox, como hace unas semanas cuando se expulsó a Badenas; es un asunto policial, que podría judicializarse y que afecta a un miembro del gobierno de València. Por eso, Catalá ha adoptado su estrategia para asuntos delicados: guardar silencio y esperar que amaine la tormenta