El juez imputa al delegado del Gobierno en Madrid por sus gestiones para nombrar a la asistente de Begoña Gómez en Moncloa

El juez Juan Carlos Peinado amplía sus investigaciones en torno a la contratación de Cristina Álvarez, la asistente en Moncloa de la esposa del presidente del Gobierno. Ha citado para el próximo 14 de mayo, en calidad de investigado, a Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid y quien fuera superior jerárquico de Álvarez como secretario general de Presidencia. El juez enmarca esta declaración en sus indagaciones sobre el presunto uso privado que Begoña Gómez hizo de su asesora en relación con su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.

Esta citación responde a una querella presentada por Vox. Se cita al delegado del Gobierno en la misma fecha en la que ya había sido llamado Raúl Díaz Silva, el cargo que fue identificado por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, como coordinador de este tipo de designaciones de cargos de confianza en el Gobierno, tratan de aclarar la existencia de un presunto delito de malversación en relación con la asistente personal de la mujer de Pedro Sánchez.

La propia Álvarez fue imputada tras reconocer --en una primera comparecencia en calidad de testigo-- la autoría de los correos electrónicos en los que manifestaba a los responsables de Reale Seguros que a Begoña Gómez le "encantaría" que la aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que ésta codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. También aparecía como colaboradora de la cátedra en otras comunicaciones remitidas al centro universitario para gestionar el software utilizado.

Crítica a los partidos

En su resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que tiene fecha de este lunes, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 afirma que "la presencia de partidos políticos en el proceso penal no, es desde luego, positiva", pues se corre el riesgo de trasladar al procedimiento "propio de la confrontación política" y presentan "ante la opinión pública como la expresión de un condicionante ideológico que los jueces han antepuesto a la realidad acreditada".

Volviendo a la iniciativa de Vox, Peinado explica que la existencia de esta pieza separada por malversación se centra, fundamentalmente, "en el nombramiento, funciones y actividades, que la querellada, Cristina Álvarez Rodríguez, ejerce, en atención, no destinada a las que en su condición de esposa del Presidente del Gobierno, pueda llevar a cabo, la también querellada, Begoña Gómez Fernández". En este punto, Vox citaba los correos electrónicos que Álvarez envió a "diversas personas e instituciones, entre otros, la universidad Complutense de Madrid, donde la coquerellada, Begoña Gómez Fernández, realiza actividades totalmente desvinculadas de su condición de esposa del actual Presidente del Gobierno".

La querella de Vox apuntaba a la presunta participación en los hechos de Francisco Martín Aguirre, por su condición de Secretario General de la Presidencia del Gobierno, en el mes de julio del año 2021, "siendo el responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez Rodríguez, atribuyéndole tanto a dicho querellado, como a las otras dos querelladas --Begoña Gómez y su asistente-- "la comisión de sendos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación administrativa". Esta iniciativa penal recayó inicialmente en otro juzgado de instrucción, el número 7 de Madrid, pero finalmente ha llegado al juez Peinado por conexidad.

No es responsable Begoña

De este posible delito por desviación de los caudales públicos destinados a Cristina Álvarez Rodríguez sí que existen indicios, agrega el juez, si bien rechaza implicar en el mismo asunto a la esposa de Sánchez, puesto que no existe prueba de que participara "en el nombramiento, ni en el pago de los emolumentos de Cristina Álvarez Rodríguez, limitándose a hacer uso de sus servicios profesionales, aunque para fines personales".

Sin embargo, sí cree Peinado que procede admitir a trámite la querella de Vox con respecto a Francisco Martín Aguirre, "por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez Rodríguez, para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez Fernández, con cargo a los presupuestos generales del Estado, y por tanto con fondos de naturaleza pública". En cuanto al delito de tráfico de influencias que también señalan los de Santiago Abascal, el juez señala que se requiere que los autores se hayan valido de una situación que pueda influir sobre la motivación del funcionario.

Igualmente rechaza la prevaricación, pues entiende que las actuaciones del entonces secretario de Presidencia, no puede entenderse que vayan "más allá de una irregularidad en el nombramiento, por omitir trámites que obvian o prescinden de los procedimientos reglamentariamente establecidos, pero no que excedan de la infracción administrativa".

Desde el Gobierno se ha cargado contra la instrucción de una manera más directa de lo que se venía haciendo hasta ahora. Lo ha hecho el propio ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien preguntado por la imputación del que fuera su número dos en Moncloa, ha lamentado que “es motivo de preocupación máxima para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de este país”. Por el contrario, a respuesta de los medios en los pasillos del Senado antes de iniciarse la sesión de control, mostró su respaldo a Francisco Martín porque “la instrucción ya no es motivo de preocupación para la gente honesta y con la conciencia tranquila que se está viendo afectada”.