El juez Peinado pregunta a la Complutense por la contratación de la coordinadora de máster de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado se ha dirigido a la Universidad Complutense de Madrid para ahondar en las pesquisas que tiene abiertas en relación con el máster de Transformación Social Corporativa (TSC) que dirigía Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En esta ocasión se interesa por la contratación de quien fue su coordinadora, Blanca de Juan de Castro.

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En una escueta providencia, al más puro estilo del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el magistrado pide a la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense que su director o máximo responsable le concrete "a la mayor brevedad o en un plazo máximo de 10 días" un total de cinco puntos, que considera necesarios para proseguir con la investigación que dirige contra Begoña Gómez, a la que imputa delitos de apropiación indebida, intrusismo, tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

En concreto el juez Juan Carlos Peinado se interesa por quién contrató a Blanca de Juan, dónde tenía físicamente su puesto de trabajo, cuál fue el proceso de selección para su contratación, que funciones tenía encomendadas, así como cuál era su retribución y con cargo a qué partida presupuestaria. Varios de ellos, como su retribución, que cifró en 25.000 euros, de los que le descontaban 8.000 y que le pagaba la propia universidad, fueron contestados por la propia De Juan cuando declaró ante el juez Peinado, según consta en el acta de su declaración a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El pasado 26 de febrero afirmó que fue la propia Begoña Gómez quien le propuso la coordinación de la cátedra que ella codirigía, porque habían trabajado juntas y mantenían una relación de amistad. Señaló que se comunicaban día a día tanto personalmente como por teléfono o por mail. Su despacho estaba en la propia Escuela de Gobierno de la Complutense y que cuando iba a verla allí la acompañaba la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, a la que informaba de los asuntos que afectaban a la agenda de la esposa del presidente del Gobierno por motivos de seguridad.

En los mensajes que se cruzaba con ambas solía estar la otra en copia, señaló. El magistrado abrió una pieza separada para determinar si en la contratación de Álvarez se produjo una malversación de dinero público. En ella es en la que tomó declaración como testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños y en la que ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, secretario general de Presidencia hasta 2021. 

De Juan, que negó haber recaudado fondos para la cátedra o haberse reunido con el empresario también imputado Juan Carlos Barrabés más allá de haber coincidido en algún evento, explicó que registró el dominio de la cátedra, después de que la Complutense le informara que ella no lo hacía, para proteger la marca. Ignora si Gómez dispone de una empresa del mismo nombre, pero aseguró que se lo transfirió a ella a través de la página cuando en 2023 dejó la cátedra.

Eso explicaría por qué también recibió un correo de octubre de 2022 en el que dos miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM informaban a Álvarez de cómo registrar el dominio de la página web del máster, informa Europa Press. Incluía uno anterior, del 7 de septiembre, que adjuntaba un formulario interno que debían cumplimentar para registrarla en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.