Trabajo atribuye el veto de Junts a la reducción de jornada a una estrategia negociadora y se abre a cesiones en el Congreso

El Ministerio de Trabajo pone en cuarentena el portazo de Junts a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, la medida estrella de Yolanda Díaz que el Consejo de Ministros enviará este martes al Congreso para su debate y votación. A 24 horas de su aprobación definitiva por el Gobierno, el partido de Carles Puigdemont anunció que presentará un veto al proyecto de ley que, en caso de aprobarse, devolvería la propuesta al Gobierno. El anuncio sin embargo no parece alterar al departamento de Díaz, donde interpretan estos pasos como un órdago; una parte de su estrategia de cara a las negociaciones que ahora se abren en el trámite parlamentario, donde Trabajo se abre a cesiones para recabar unos apoyos que ahora no tiene.

Uno de los choques entre Junts y Sumar es la fase de negociación en la que se encuentran. Esta fue la principal crítica que hizo este lunes la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, que cargó contra la escasa voluntad negociadora del departamento de Yolanda Díaz. "Nos hemos encontrado la puerta cerrada ante la posibilidad de poder negociar ni siquiera una coma", censuró la dirigente, que reprochó a la titular de Trabajo haber negociado "sólo son los sindicatos españoles".

En Trabajo, en cambio, recuerdan que el pistoletazo de salida para las negociaciones llegará con el comienzo del trámite en el Congreso. Pese a las conversaciones informales entre Díaz y Puigdemont en los últimos meses sobre este asunto, apuntan a que será en el Congreso donde se pongan sobre la mesa las posibles modificaciones.

Esta fue precisamente una de las últimas batallas de Díaz con el ala socialista del Gobierno: la dirigente de Sumar defendía aprobar la propuesta en Consejo de Ministros manteniendo los términos firmados con CCOO y UGT frente al titular de Economía, Carlos Cuerpo, que llamaba a negociar -y modificar- el texto antes de aprobarlo en Consejo de Ministros, para tener asegurada la mayoría. Una posición que Sumar atribuyó entonces a un intento de dilatar la aprobación de la reducción de jornada, postergando la consecución de apoyos a una fase posterior.

"Arma para negociar"

Las duras acusaciones de Junts, que llegaron a asegurar que la reducción de jornada era "un acto de propaganda" por parte de la ministra de Trabajo, fueron rebajadas en Sumar. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, trató de minimizar su impacto y defendió que las negociaciones con los posconvergentes están "vivas".

En el Ministerio de Trabajo creen que el veto anunciado, que tendrá forma de enmienda a la totalidad, ha sido empleado como un "arma para negociar" por los de Puigdemont. Esta enmienda a la totalidad será el primer debate que afronte el proyecto de ley de reducción de jornada en el Congreso. Y en caso de que salga adelante, la medida se verá o bien devuelta al Gobierno o bien sustituida por un texto alternativo. En esta votación, de darse, sería fundamental el voto del PP, que ha venido rechazando el proyecto de ley por no contar con el beneplácito de la patronal. Un partido que sin embargo anunció hace meses un "giro social" con el que Sumar trata ahora de presionarle para tratar de asegurarse la mayoría.

Pero los de Díaz creen que Junts no llegará al final con esta propuesta, y ven en su anuncio un intento de situarse en posiciones duras de cara a la negociación que ahora se abre. En Sumar son conscientes de que el comienzo del trámite parlamentario en el Congreso marcará ahora una nueva etapa donde habrá que introducir alguna modificación para lograr el respaldo necesario de Junts, después de que el PP vinculara su posible apoyo al aval de la CEOE, que no respalda la medida.

Ayudas a las pymes

En ese proceso, Díaz confía en que Puigdemont acceda a apoyarla, aunque sea accediendo a algunas de sus peticiones. Hasta ahora, Junts ha ido de la mano de las dos principales patronales catalanas, Foment del Traball y PIMEC, que representa a la inmensa mayoría de la pequeña y mediana empresa, y en este sentido van algunas de las exigencias que el partido de Puigdemont pone sobre la mesa. Es también una de las principales críticas de Junts a la medida, que considera "un ataque frontal a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas" catalanas.

Si en el debate del Consejo de Ministros, Díaz insistió en blindar por tierra, mar y aire el texto firmado con los sindicatos, en esta segunda fase no descarta incluir aspectos que atraigan a Junts y que reclame el empresariado de Cataluña. Cabe recordar que durante la mesa de diálogo social, Trabajo ofreció a la CEOE un paquete de ayudas para facilitar la adaptación a pequeñas y medianas empresas; una oferta que más tarde retiró, como castigo a la decisión de la patronal de abandonar las negociaciones. Medidas que en las próximas semanas podrían volver a estar sobre la mesa.