Un manifiesto de académicos pide rebajar la edad de voto a los 16 años: “Un paso fundamental para fortalecer la democracia”

El ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego está cerrando el borrador de la futura norma donde incluirá la rebaja de la edad de voto a los 16 años. El pasado viernes ratificó esta hoja de ruta durante una reunión en el ministerio con los presidentes de los Consejos de la Juventud de las Comunidades Autónomas. Su pretensión es tener listo el texto antes de verano para remitirlo ya al resto de ministerios implicados. Sin embargo, en las filas socialistas hay resistencias y dudas sobre el consenso tanto parlamentario como social. Precisamente, el barómetro del CIS del mes de mayor alertaba de un rechazo a la ampliación del sufragio activo de casi el 80% de los encuestados. Frente a este recelo, desde la academia comienza a empujar a favor de la norma. Medio centenar de profesores universitarios, investigadores y activistas por los derechos en la infancia y la adolescencia lanzarán un manifiesto este lunes, al que ha accedido este diario, en el que defienden la ampliación de este derecho y tratan de desmontar los argumentos que se suelen utilizarse en su contra.

Bajo el título ‘Voto a los 16 años: Un paso fundamental para fortalecer la democracia’, defienden la medida como una cuestión de salud democrática y legitimidad del sistema. “En un momento de creciente preocupación por la desafección política y de cuestionamiento de los sistemas democráticos, ampliar el derecho al voto a las personas de 16 y 17 años emerge no solo como una medida de justicia, sino también como una herramienta necesaria para revitalizar nuestras democracias, como una apuesta inequívoca por la ampliación de derechos”, sostienen los promotores del manifiesto, que pertenecen a diferentes facultades del país o entidades como el Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia (GSIA), presidida por Francisco Mielgo García. Otros de los primeros firmantes son la doctora en Sociología, Lourdes Gaitán Muñoz, el doctor por la Universidad de Granada, Iván Rodríguez o la investigadora del Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Ainhoa Rodríguez.

Rego avanza para antes de verano el borrador sobre el voto a los 16 años pese a las dudas del PSOE y la alerta del CIS

Sobre la tesis de la derechización de los más jóvenes, y un posible efecto electoral negativo para la izquierda que deslizan desde el PSOE, argumentan para empezar “los y las jóvenes de 16 y 17 años representan un 2,2% de la población y el 2,5% de quienes actualmente componen el censo electoral”. Al constituir un grupo pequeño en números absolutos, añaden, “su participación en el proceso electoral tiene escasas posibilidades de alterar drásticamente los resultados del mismo”. Por el contrario, según apuntan, “su inclusión contribuirá a reforzar la legitimidad de la democracia española, que ganará en representatividad, a la vez de promover la educación cívica y la formación política temprana, creando ciudadanía desde la práctica”.

Más allá de que la inclusión de estos jóvenes tenga como valor el mensaje de que la sociedad confía más en ellos y “les hace corresponsables de su más justo funcionamiento”, se acabaría con la paradoja de que vivan “cada día los efectos de decisiones políticas sobre las que no pueden influir directamente”. “Pueden trabajar, emanciparse legalmente, casarse con autorización y decidir sobre su salud, pero no pueden elegir a sus representantes políticos”, contraponen en el manifiesto.

Esta “marginación”, según alertan, tiene consecuencias concretas. Por un lado, “fomenta agendas políticas desequilibradas, sin abordar suficientemente temas cruciales para las generaciones más jóvenes, como la crisis climática, la vivienda, la educación, o el empleo juvenil”. Por otro, añaden, “profundiza la fractura intergeneracional”.

Protagonismo joven en sociedades envejecidas

España no sería una excepción si avanzase en esta dirección. Algo que se subraya en el manifiesto, enumerando que “son 11 los países del mundo que permiten el voto por debajo de los 18 años en todas las elecciones, destacando en Austria, que tiene reconocido este derecho desde 2007. En las últimas elecciones al Parlamento Europeo, explican, “las personas de 16 y 17 años pudieron ya votar en cinco países de la Unión”. Asimismo, rematan señalando que “en otros seis países, chicas y chicos pueden votar en elecciones autonómicas y locales”. En el ministerio de Juventud e Infancia se abren a que esta medida no tenga que ser efectiva en unas próximas elecciones generales, sin rechazar que se pruebe primero en otros comicios, como por ejemplo los europeos.

Desde el punto de vista demográfico, el manifiesto sostiene que “se hace necesario avanzar hacia una mayor justicia intergeneracional”. La justicia intergeneracional, dicen, “exige reconocer el derecho de las personas más jóvenes a decidir sobre su presente y sobre su futuro, especialmente en sociedades cada vez más envejecidas como la española”.

Encaje constitucional

Frente a los argumentos de falta de preparación de los jóvenes para tomar decisiones electorales, critican que se trata de “prejuicios arraigados” justificados “en la existencia de un imaginario colectivo de tintes 'adultistas'”. Esto es, “más basados en la costumbre que en razones de competencia política, que, a los más jóvenes, se niega, mientras que, para los adultos, se da por hecha”.

Los firmantes rechazan que la ampliación del sufragio no tenga encaje en la Constitución, como se ha llegado a señalar desde la oposición. Para ello citan el artículo 14, conforme al cual “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Algo por lo que concluyen que “la negación del derecho al sufragio a las personas menores de 18 años significa un trato discriminatorio debido a su condición personal”. Asimismo, apuntan que “el artículo 10.2 de la CE hace una referencia explícita a que los derechos constitucionales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 21.1 reconoce expresamente que “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”.

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