Los jueces y fiscales en huelga califican de "histórico" el paro de tres días y lamentan el silencio de Bolaños

Las cinco asociaciones profesionales judiciales y fiscales convocantes de la huelga que comenzó el pasado martes contra la reforma planteada por el Gobierno para el acceso a ambas carreras califican de "histórica" la protesta, que ha finalizado este jueves con un seguimiento del 65 por ciento, según sus datos, ligeramente inferior al de las dos primeras jornadas. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial insiste en que no recopila datos de la huelga porque no la da por convocada, al carecer de base legal, mientras que Justicia señala incidencia media de los tres días de paro ha sido de un 31,04 por ciento.

En un comunicado distribuido tras finalizar la jornada de este jueves, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, junto con la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Profesional e Independiente de Fiscales afirman lamentar los perjuicios que hayan podido ocasionar a la ciudadanía, así como la falta de respuesta por parte del Ministerio de Justicia. Se reunirán este viernes para analizar la situación y las acciones a emprender a partir de ahora.

Sobre este extremo, los jueces y fiscales aducen que, "resulta inaudito que el Ministerio no haya dado respuesta a las demandas planteadas ni haya abierto una mesa negociadora, en contra de lo que suele suceder en los conflictos colectivos que se producen en España".

"Se trata de una huelga histórica, ya que nunca antes ha habido tres días consecutivos de movilización de jueces y fiscales, ni un seguimiento tan masivo, en defensa de la indepen­dencia judicial y del Estado de Derecho", afirman también los huelguistas, para insistir que responde" a unas reformas tramitadas —inexplicablemente— por la vía de ur­gencia en el Parlamento" y que atribuyen más poder al Fiscal General del Estado sin reforzar su independencia, al tiempo que rompen con los principios de igualdad, mérito y capacidad al crear una puerta trasera en el acceso a la carrera judicial y fiscal.

Postura del Consejo

El órgano de gobierno de los jueces, por su parte, aclara que no puede "recabar imperativamente" la identidad de los jueces y fiscales que han secundado los paros, respondiendo así al requerimiento concreto en dicho sentido que fue realizado por el Ministerio que Bolaños para que se facilitara una "lista completa". El objetivo es el de poder restarles salario por los tres días de huelga, por lo que dicha posibilidad queda en el aire.

La Comisión Permanente del Consejo ha informado igualmente este jueves, tras finalizar las protestas, que "no ha recibido comunicaciones de los órganos de gobierno interno del Poder Judicial sobre incidencias que hayan requerido la intervención de este órgano constitucional". Constata asimismo que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes "ha facilitado públicamente datos de participación en la huelga convocada a partir de la información requerida por su departamento a los secretarios de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia". Se refieren con ello a los mensajes de Bolaños en redes sociales señalando que los paros apenas afectan al 30 por ciento de la plantilla.

Seguimiento

Así, asociaciones convocantes cifran la media de seguimiento de estos tres días en un 70% --75% el primero, 70% el segundo y 65% este tercero--, mientras que Justicia asegura que la primera jornada la huelga tuvo un apoyo del 28% y la segunda, del 30%, sin que aún haya facilitado datos respecto a este jueves ni globales.

Por su parte, las asociaciones más cercanas al Gobierno, Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, que no han secundado ni la huelga ni las protestas contra dichas reformas, sí han criticado una enmienda socialista que plantea que los jueces y fiscales sustitutos queden adscritos al tribunal o fiscalía más cercanos al destino donde estén.

Mientras los jueces progresistas han pedido desgajar el proceso de estabilización de los jueces sustitutos del proyecto de ley para dar tiempo a una tramitación parlamentaria "sosegada", sus compañeros fiscales han amenazado con "medidas de conflicto" si dicha enmienda no es retirada. Para los convocantes de la protesta, la enmienda, lejos de mejorar la situación, "resulta aún más lesiva para los principios constitucionales".