Caso Koldo

Un empresario reconoce que pidió ver a Cerdán en relación con adjudicaciones, pero niega pagos a la trama

El Tribunal Supremo inicia los interrogatorios a responsables de "empresas indiciariamente corruptoras" con las declaraciones de José Ruz, administrador de Levantina, y los hermanos Fernández por OPR, que niegan pagos a la trama

El juez les impone comparecencias periódicas a petición de la Fiscalía Anticorrupción y, en el caso de Ruz, también la retirada del pasaporte

José Ruz, en el centro de la imagen, a su llegada al Tribunal Supremo.

José Ruz, en el centro de la imagen, a su llegada al Tribunal Supremo. / Gustavo Valiente / Europa Press

Madrid

"Buenos días, jefe. Creo que lo mejor es que me sientes con el navarro y que yo hable con él directamente además de que lo veas hoy. Y ya está bien de tener heridos inocentes de todo, pues no es conveniente para la ganadería". El administrador de Ingeniería y Construcción Levantina, José Ruz, mandó este mensaje al que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, el 13 de marzo de 2022. Este viernes ha reconocido ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que el "navarro" al que citaba era el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y que la "ganadería" era el término con el que se solía referir a los partidos políticos y, en esa ocasión, al PSOE.

La declaración de este empresario ha inaugurado la ronda de interrogatorios de los responsables de las que el propio juez denomina "empresas indiciariamente corruptoras", que son las que según la investigación habrían pagado comisiones ilícitas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Pese a admitir ese mensaje en particular, ni el magistrado ni el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, han preguntado a Ruz si la reunión con Cerdán -el único con el que según el empresario le faltaba por reunirse, tras haberlo hecho con la expresidenta de Adif, ya secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera, y el director general de Carreteras, Javier Herrero- se produjo finalmente.

Según su declaración, quería hablar con él para volver a obtener adjudicaciones, porque "era el que mandaba" y tras la salida de Ábalos y Koldo del ministerio, había pasado "de estar entre los primeros, al último". Para cuando llegó a ese momento, el empresario ya había admitido encuentros con Koldo (entre 12 y 15 veces en el ministerio), con Ábalos (un par de ellos) y con el comisionista Víctor de Aldama, que cuenta con un 20% de Levantina, y del que destacó sus "cabreos" y que se "creía que fuese el amo".

En un momento de su declaración también ha explicado que la razón es que una persona de Acciona -Justo Vicente Pelegrini, director de Construcción para España al que Acciona cesó el pasado 16 de junio- , le avisó de que en el PSOE le habían puesto "en la quilla". El industrial únicamente ha respondido a las preguntas que le realizaron ellos dos y su propia defensa, según señalan a EL PERIÓDICO fuentes presentes en su comparecencia.

Añadió que con sus palabras no quería se personificara lo que contaba en Santos Cerdón, porque él lo que pretendía era reunirse "el secretario del PSOE, porque el mecanismo para ganar concursos es que nadie hable mal de ti". Añadió que quien más le había ayudado a ganar concursos en Fomento había sido una bedel que fue novia de su tío.

Medidas cautelares

Además de Ruz, han declarado los hermanos Daniel y Antonio 'Toño' Fernández, responsables de Obras Públicas y Regadíos (OPR), dos de las firmas que se habrían beneficiado presuntamente de estos amaños de la trama, en la que se sospecha que Cerdán tenía un papel "preeminente". Todos los empresarios han negado pagos a la trama. Tras su comparecencia, el juez les ha impuesto comparecencias quincenales ante la justicia y, en el caso del dueño de Levantina, también la retirada del pasaporte, tal y como había solicitado Anticorrupción.

Las grabaciones conservadas por Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos y descubiertas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su vivienda de Alicante, revelan su cercanía con estos empresarios y las maniobras para la obtención de ventajas en la adjudicación de contratos desde antes del inicio de la legislatura de Pedro Sánchez. El juez Puente busca identificar "el importe global de las cantidades indebidamente satisfechas" por la trama a este grupo de empresarios "corruptores". De ahí que investiguen en las 19 cuentas con las que se les ha relacionado.

Con respecto a Ruz, un ejemplo destacado por los investigadores es la plena disposición mostrada por el constructor ante cualquier necesidad que le trasladase el 'hombre para todo' del entonces ministro ya en junio de 2019: "Pues entonces a muerte. En lo que te pueda ayudar considérame a tu lao [sic]". Ante el juez ha asegurado que, para pedirle favores, Koldo le facilitó un teléfono que le indicaba que usara al decirle "si usaba café o cafetera". Él también lo utilizó en relación con unas certificaciones.

Se investiga también si este empresario habría pagado un fijo mensual al hombre para todo de Ábalos a cambio de disfrutar de un trato favorable en las adjudicaciones previstas en Transportes. Ante el juez explicó que del pago -que la UCO cifra en 2.600 euros- se ocupó la empresa de seguridad que contrató por a su vez contrató a Koldo para guardar por la noche una de sus obras en Benidorm (Alicante).

Contactos en Transportes

Anticorrupción considera acreditado en sus informes que "Koldo habría intercedido por José Ruz ante Pardo de Vera y Herrero y también ante el propio Ábalos". Entre las obras sospechosas vinculadas con su constructora cita la duplicación de la Nacional IV entre Dos Hermanas y Los Palacios, además de la estación del AVE en Elche, trabajos de emergencia en Asturias, conservación de carreteras en Teruel y la Autovía A-12 Camino de Santiago.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada a declarar en el Tribunal Supremo.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada a declarar en el Tribunal Supremo. / Jesús Hellín

En cuanto a estos contactos con directivos y empleados del ministerio, tanto Ruz como los hermanos Fernández habrían reconocido que conocían e iban a visitar a estas personas -era difícil negarlo al aparecer en sus mensajes con el asesor ministerial- si bien han enmarcado estas visitas en las relaciones públicas y de imagen que sus empresas deben tener con la Administración, negando que se negociara ningún amaño.

La investigación también se dirige contra Daniel Fernández en su condición de administrador mancomunado de la entidad mercantil Obras Públicas y Regadíos (OPR) y su hermano Antonio, que fue asesor en la Delegación del Gobierno de Andalucía y que figura como apoderado de la firma. Ninguno ha admitido haber solicitado u obtenido facilidades respecto de las adjudicaciones que obtuvo OPR.

En uno de los momentos de su interrogatorio, Antonio señaló expresamente que tampoco tenía "conocimiento de que Koldo agilizara sus reuniones" en el Ministerio con responsables como Pardo de Vera, tal y como parecen reflejar los mensajes remitidos por el asesor ministerial. Sí que ha reconocido que se quejó a este en 2019 porque no le daban adjudicaciones, aunque señala que simplemente lo hizo "mantenerle informado". A su hermano Daniel le preguntaron sobre un comentario concreto, cuando dijo "qué putada" tras conocer el cese de Herrero, aunque ha explicado que se refería a que era "una magnífico técnico".

Se les relaciona con tres expedientes de obra sospechosos: La adaptación de la calzada de la Autovía A-63 en el tramo Salas-La Espina (Asturias) en la carretera N-322 de Córdoba a Valencia (tramo: Úbeda-TorreperogiI) y el tratamiento de puentes y túneles en el tramo Monforte-Lugo adjudicado por Adif en Galicia. También se investiga si la exmujer de Koldo, Patricia Uriz, obtuvo un puesto en Anfersa, vinculada a la mercantil de los Fernández, y cobró sin realizar prestación laboral alguna. Sobre este extremo, Daniel Fernández ha reconocido que Koldo le pidió que contrataran a su esposa y que, pese a que al principio no encontraba hueco, finalmente medió para que obtuviera una plaza en esa empresa, que tenían subcontratada.

Mientras tanto el Tribunal Supremo ha aceptado una acusación más en el procedimiento: Catalunya en Comú ejercerá la acción popular, como ya hacen Vox, PP, UPN e Iustitia Europa, junto con varias organizaciones como Hazte Oír o Liberum. Además, el juez Leopoldo Puente l ha dado traslado a las partes por cinco días para que se pronuncien sobre los argumentos con los que Santos Cerdán pide a la Sala de Apelación ser excarcelado.

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