El exdirector de Hacienda con Montoro acusa al juez de Tarragona de incurrir en una "ensoñación inquisitorial" y pide a la Audiencia que anule la causa

El exdirector de la Agencia Tributaria Santiago Menéndez y su hermano Rogelio, director general de Loterías y Apuestas del Estado hasta que trascendió su implicación en el caso Montoro, han presentado un duro recurso de apelación contra el instructor del procedimiento, el juez de Tarragona Rubén Rus. La impugnación califica de "ensoñación inquisitorial" la causa y no escatima en adjetivos contra la investigación realizada, a la que atribuyen una "aberrante, sistemática e indiscriminada vulneración de los más elementales derechos fundamentales y garantías procesales que amparan a todo investigado [...] durante nada menos que siete años".

En su recurso, de 37 páginas al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la defensa de los hermanos quiere que sea la Audiencia Provincial de Tarragona la que se pronuncie sobre el procedimiento, cuya nulidad reclama. Considera "sencillamente temeraria" la tesis acusatoria que, "sintéticamente expuesta, se concretaría en que determinadas empresas del sector gasista habrían contratado y abonado los servicios" del bufete Equipo Económico, fundado por el exministro del PP Cristóbal Montoro, al que se tiene por "mero vehículo, intermediario o canal para poder llegar al Ministerio de Hacienda y al secretario de Estado de Hacienda, con la finalidad de lograr reformas legislativas que les favoreciesen" tributariamente.

Según el Juzgado, "se habría 'externalizado' indebidamente la potestad legislativa al sector privado para adaptar la norma a sus intereses particulares y para su beneficio exclusivo, sirviéndose de la capacidad de Equipo Económico para influir en algunos altos cargos del Ministerio de Hacienda, que habrían hecho un uso instrumental de esa institución". Pero, en opinión de la defensa, "nada de ello ha resultado no ya acreditado, sino sencillamente sustentado en meros indicios que refuercen lo imaginado en las resoluciones" recurridas, "y ello durante los casi siete años que se ha dilatado la presente instrucción".

Manifiesta ignorancia

"Esta ensoñación incriminatoria es propia de una manifiesta ignorancia de aspectos técnicos, jurídicos e incluso cronológicos de la legislación, comunitaria y nacional, lógica consecuencia de haber subcontratado la instrucción en fuerzas policiales carentes de una cualificación pericial para estos menesteres, que han ido creando un relato que se desbarata con solo haber acudido a la interpretación auténtica que resulta de la propia exposición de motivos de la norma y el análisis sistemático y cronológico de la legislación comunitaria y española", afirma el recurso.

La parte de la impugnación relativa a Santiago Menéndez, que entre 2013 y 2018 fue director general de la AEAT, destaca que el auto de imputación solo le dedica "tres someras líneas", lo que interpreta como que el juzgado "parece considerar como supuestos indicios de su pretendida participación delictiva en los hechos objeto de procedimiento el haber sido nombrado para el ejercicio de dicho cargo por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro" en los "dos periodos en los que la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) contrató a Equipo Económico” y haber recibido dinero del bufete hace 15 y 14 años, respectivamente".

"Es decir, tras siete años de instrucción declarada secreta, el único reproche, el único imaginario indicio supuestamente delictivo que el juzgado es capaz de imputar a mi mandante para atribuirle la condición de investigado es haber percibido 4.700 euros hace 15 años en contraprestación por dar conferencias e impartir cursos en materia tributaria", afirma el escrito, que califica de "verdadero atropello" las imputaciones vertidas, que "carecen de base fáctica y jurídica y resultan abiertamente temerarias y han causado un irremediable perjuicio, previa su oportuna filtración, en su vida personal, familiar, profesional y social".

En el caso de Rogelio la impugnación se centra en que el auto se limita a señalar su cargo como asesor del Gabinete del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas entre el 2013 y 2015, condición en la que hace 11 años asistió a una “reunión celebrada el 4 de marzo de 2014 entre el ministro Montoro y representantes de la AFGIM”, hecho que, en sí mismo, "huelga decir, no es constitutivo de delito alguno, siendo un acto penalmente inane, absolutamente inocuo, neutral, social y jurídicamente adecuado" por su labor en el ministerio.

Tras recordar que formó parte del Gabinete del secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos entre el 29 de marzo del 2006 y el 07 de octubre del 2009, durante el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la defensa destaca que asistir a una reunión no puede ser motivo suficiente para justificar una imputación. De hecho fue cesado como director de Loterías y Apuestas del Estado a raíz de conocerse su implicación en la presunta trama investigada.

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