El futuro judicial de David Sánchez y Gallardo se conocerá la próxima semana

El futuro judicial de David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la diputación pacense y secretario general del PSOE de Extremadura y los otros 9 investigados por la presunta contratación a dedo del primero en la institución provincial sigue siendo una incógnita, a la espera de que la Audiencia de Badajoz se pronuncie sobre los recursos de la fiscalía y las 11 defensas contra su procesamiento por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Los cuatro magistrados de la Sala de la Sección Primera, que preside José Antonio Patrocinio, han comenzado a deliberar este lunes, pero, según fuentes judiciales consultadas, no será hasta la próxima semana cuando se dé a conocer su decisión. Los recursos de los investigados y del ministerio público entrañan cierta complejidad y tienen muchas aristas, por lo que la deliberación no se ha dado por concluida todavía. Una vez que haya dictamen, se tiene que redactar el auto con la resolución motivada, es decir, qué se decide y con qué argumentos jurídicos.

Este es el último paso antes de saber si habrá juicio o no y quién o quienes se sentarán en el banquillo. Si se estiman íntegramente los recursos, la causa se archivará (no hay posibilidad de recurrir la resolución). Por el contrario, si todos son desestimados, los 11 investigados serán enjuiciados en la Audiencia Provincial. El tercer escenario posible es que haya estimaciones parciales, los cargos se archivarían para unos y no para otros, que irían a juicio.

Tanto la fiscalía como las defensas solicitan en sus recursos el archivo de la causa, al entender, a diferencia de la jueza instructora Beatriz Biedma y las acusaciones populares, que no existen indicios de criminalidad suficientes para procesarlos por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en relación con la creación y adjudicación de la plaza para de coordinador de actividades de los conservatorios -que luego se transformó en la de jefe de la Oficina de las Artes Escénicas- a David Sánchez, primero, y posteriormente la de su amigo Luis Carrero, exasesor de Moncloa.

Los abogados de la defensa han mantenido desde el inicio que la investigación se ha sostenido, pese a que no existían indicios de delito, sobre las «fabulaciones» de Manos Limpias, que encabeza la acusación popular junto con Hazte Oír, Iustitia Europea, Liberum, PP, Vox y Abogados Cristianos, y pide 3 años de cárcel para Sánchez y Gallardo.

El ministerio público sí avaló las resoluciones de la jueza Biedma durante la investigación -no las recurrió-, al considerar que había que indagar en relación con las sospechas de las plazas de Sánchez y de Carrero se pudieran haber ‘cocinado’.

Sin embargo, una vez terminada la fase de instrucción a finales del pasado mes de marzo, concluyó que no había indicios «racionales de criminalidad, sino hipótesis» , que la creación de la plaza que ocupó el hermano del presidente del Gobierno fue «legítima» y que Gallardo no se coordinó con otros cargos de la Diputación de Badajoz para adjudicársela. Por ello, solicitó el archivo de la causa a la Audiencia Provincial.

Antes de que esta instancia judicial resolviera su recurso y los de las defensas, Biedma acordó la apertura de juicio oral contra los 11 investigados. Fue solo 24 horas antes de que Gallardo hubiera obtenido la condición de aforado por entrar en la Asamblea de Extremadura, para lo que una compañera renunció a su acta de diputada y los cuatro que lo precedían en las listas, a sustituirla.

Su defensa pidió entonces que la jueza se inhibiera a favor del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), pero este rechazó asumirla al apreciar «fraude de ley» en el aforamiento, dando así la razón a Biedma, a cuyo juzgado devolvió el caso. El líder de los socialistas no recurrió y el procedimiento continuó donde estaba y donde continúa a día de hoy: a la espera de que la Audiencia de Badajoz resuelva los recursos.

Reacciones

A preguntas de los medios sobre esta fase del procedimiento judicial, la portavoz del PSOE regional, Isabel Gil Rosiña, ha declinado pronunciarse sobre una resolución que aún no existe y ha insistido en el «absoluto respeto y confianza» en la justicia.

Por su parte, el diputado de Vox, Álvaro Sánchez Ocaña, ha mostrado su deseo de que el caso acabe en juicio y Gallardo «en la cárcel a la mayor brevedad posible», según recoge Efe.

La portavoz de Unidas Podemos, Irene de Miguel, ha confiado en que se dirima cuanto antes y en que, si hay que asumir responsabilidades, el PSOE lo haga.