Sánchez defiende al fiscal general tras la sentencia y asegura que es Ayuso “quien debe pedir perdón”

"Lo que ha hecho es defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado". Pedro Sánchez ha vuelto a defender así a Álvaro García Ortiz tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se le condena por revelación de datos reservados de González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tras recordar que su jefe de Gabinete lo tenía guardado en su agenda del móvil como "Alberto Quirón", el jefe del Ejecutivo ha rechazado recibir "lecciones" del PP por una sentencia a alguien que habría defendido la verdad.

Durante su intervención en el acto por el centenario de la muerte del fundador del PSOE y UGT, Pablo iglesias, el jefe del Ejecutivo ha señalado incluso que "quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso". Una persona, añadió, "que está haciendo negocio de la privatización de un derecho fundamental como es la sanidad pública".

Desde el PSOE se agarran al voto particular de las dos jueces progresistas para poner en duda el fallo, que según reiteran "no compartimos". En dicho voto particular se señala que la sentencia “no describe ni cómo, ni dónde, ni a través de qué medios” habría tenido lugar la supuesta “intervención directa” del Fiscal General o su “conocimiento y colaboración con un tercero”. Asimismo, destacan que tampoco se explica cómo el Fiscal General pudo “promover, realizar, ejecutar o llevar a efecto” una filtración, ni de qué modo pudo transmitir personalmente esa información.

Los socialistas hacen hincapié en que este caso "no nace de ninguna conspiración, ni de ninguna trama política; nace de un presunto fraude fiscal confesado por el novio de Isabel Díaz Ayuso". Todo parte, dicen, "de una no-declaración a Hacienda, un hecho objetivo y reconocido".

A través de un comunicado, el PSOE muestra también su "preocupación" por el hecho de que la sentencia se haya publicado "más de dos semanas después de conocerse el fallo, lo que ha contribuido a la incertidumbre". Finalmente, reiteran su reconocimiento a García Ortiz por su servicio público y su defensa de los principios que sostienen nuestra democracia.

En el Gobierno esperaban a analizar en profundidad la sentencia para hacer más valoraciones, a tenor de que la sentencia se ha conocido escasos minutos antes de que comenzar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "No hemos tenido tiempo de leerla y creo que desde luego lo prudente y lo sensato es que podamos estudiarla", dijo la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, cuando se le preguntó por el asunto. Una vez que se lea, se hará una "valoración" algo "más oportuna".

El choque de trenes del Gobierno con el Supremo quedó patente en las críticas al fallo por parte de ministros socialistas, deslizando acusaciones de guerra sucia judicial o ‘lawfare’. La sentencia y la reacción del Gobierno agrandó así una disputa entre poderes que viene de lejos y ha tenido en la aplicación de la ley de amnistía uno de sus principales capítulos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, incluso acusó a una parte del poder judicial de estar "entregado" al derribo del Gobierno.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, aprovechó su comparecencia la pasada semana en el Senado para matizar que su discrepancia respecto al fallo del Alto Tribunal “en ningún caso” supone una “deslegitimación”. “Se puede discrepar con respeto”, aseveraba en respuesta al grupo popular. Asimismo, ante las críticas de ataques al Supremo, devolvía la pelota para acusar de "injerencia" en el poder judicial a los gobiernos del PP.

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