IU se planta ante el acuerdo con Junqueras sobre financiación: "No se puede financiar más a los más ricos"

El acuerdo alcanzado en Moncloa por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras sobre financiación abre las primeras grietas dentro del propio Gobierno, y entre sus socios más próximos. Izquierda Unida, partido con cinco diputados en el grupo parlamentario de Sumar y con un representante en el Consejo de Ministros, ha avanzado su rechazo a uno de los puntos claves pactados con ERC, la introducción del principio de ordinalidad, para que las comunidades que más aporten al sistema reciban a su vez más financiación. Un principio que rechaza el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, también candidato de Por Andalucía a las elecciones andaluzas. También Compromís ha expresado sus dudas sobre el acuerdo, mientras Podemos lo ha rechazado por ser parte de un "trueque electoral".

"No compartimos el principio de ordinalidad", manifestó el dirigente andaluz, en declaraciones a medios de comunicación en Sevilla, después de recordar que la financiación autonómica se encamina a proveer los servicios públicos y "para financiar personas y no territorios". Maíllo matizó que "otra cosa es que se produzca como un criterio más, pero no como un principio que tenga que establecerse", defendió, contraviniendo el discurso del líder independentista.

El dirigente de IU apuntó a esta fórmula como una manera de "premiar" a Cataluña en detrimento de otras comunidades como Andalucía: "No podemos premiar según qué territorio porque tenga mayor capacidad tributaria". "Si hay más ricos en un territorio, eso no puede ser un objeto para financiar más esos territorios", defendió. "Es un principio federal que desde Izquierda Unida y desde luego desde Por Andalucía y en mi en mi dimensión de candidato a presidente de la Junta de Andalucía, voy a defender", apuntó.

El candidato andaluz se opone así a uno de los puntos básicos acordados con Junqueras para el nuevo sistema de financiación, que presenta este viernes la ministra de Hacienda y también candidata andaluza del PSOE, María Jesús Montero.

El líder de IU defendió que el partido siempre ha mantenido su apuesta por un "ese principio de solidaridad territorial y de equidad" en el sistema de financiación. "Si una persona está enferma de cáncer, la calidad de su servicio no puede estar determinada en función de dónde viva", abundó.

Maíllo también aprovechó para cargar contra los gobiernos autonómicos del PP y contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, acusando de hacer "dumping" fiscal, con la bajada de impuestos autonómicos por parte de los ejecutivos regionales. Una práctica que a su juicio "contraviene el espíritu solidario de todo sistema de financiación" y supone "agujerear los ingresos posibles para mantener los servicios públicos".

Un discurso compartido con la coalición Sumar, que si bien no ha mostrado oposición alguna al acuerdo como tal, sí ha exigido un "suelo fiscal" mínimo y de carácter obligatorio para evitar que algunos territorios puedan reducir la presión fiscal. Un discurso compartido con la coalición Sumar, que si bien no ha mostrado oposición alguna al acuerdo como tal, sí ha exigido un "suelo fiscal" mínimo y de carácter obligatorio para evitar que algunos territorios puedan reducir la presión fiscal.

Además, Maíllo reclamó la continuidad de un "fondo de compensación" a los territorios infrafinanciados para garantizar la suficiencia económica, y reclamó que debe aumentar su cuantía, al tiempo en que avanzó que tendrán que "estudiar" la propuesta de Hacienda para marcar una postura definitiva.

Portazo de Junts y rechazo de Podemos

La propuesta del Gobierno tiene pocos visos de salir adelante después de que Junts haya avanzado que no lo apoyará, al no ser un concierto económico, pero más allá de eso puede abrir una nueva brecha en ala minoritaria del Gobierno, donde las opiniones están divididas sobre este asunto.

Las elecciones andaluzas, que serán como tarde este verano, también marcan el posicionamiento de los partidos. Si Maíllo ya ponía en duda el princpio de ordinalidad, desde Podemos también han rechazado este planteamiento y han exhibido su rechazo al acuerdo, al considerarlo parte de un "trueque electoral", en palabras de la coordinadora de Podemos Andalucía, Raquel Martínez. "Estudiaremos la letra pequeña y haremos una valoración seria, porque la brújula tiene que ser siempre progresividad, solidaridad e igualdad", defendió la dirigente de Podemos en declaraciones remitidas a la prensa.

El candidato de Podemos Andalucía, el diputado Juan Antonio Delgado, también ha señalado directamente las consecuencias que esto tendría para Andalucía: La “ordinalidad” que defiende María Jesús Montero beneficia a las comunidades más ricas y debilita la solidaridad", comenzaba el dirigente en redes sociales. "Para Andalucía supone consolidar la infrafinanciación y limitar recursos para sanidad, educación y servicios públicos. Andalucía como la que más", defendía.

Compromís: "No es suficiente"

A día de hoy Sumar tampoco está en disposición de garantizar el voto favorable de sus 26 diputados; no sólo por los cinco representantes de IU que aún no han confirmado posición definitiva, sino también por las dudas que genera en otras fuerzas como Compromís, que tiene dos diputados, uno dentro de Sumar y otro en el Grupo Mixto.

Ha sido esta última, Águeda Micó, la que ha marcado posición del partido valencianista, y ha advertido de la insuficiencia de la propuesta. En declaraciones remitidas a los periodistas, la diputada ha celebrado la inyección adicional al sistema de financiación, pero ha avanzado que "esto, de entrada, no es suficiente", y ha vinculado su apoyo a la propuesta a solucionar el problema de la deuda valenciana.

"Tenemos que estudiar la letra pequeña, tenemos que ver cómo se aplica el concepto de población ajustada, que ha generado una discriminación muy grande para los valencianos", advertía la dirigente valenciana, que también ponía el foco en los "fondos de solidaridad", que son "esenciales para territorios como el valenciano que están infrafinanciados". También censuró que continúe "una diferencia grande entre la comunidad mejor financiada y la peor", cifrándolo en hasta 700 euros por habitante. "Esto continúa afectando negativamente a los valencianos", lamentó.

En este punto, la representante de Compromís apuntó a que "tendremos que ver cómo solucionar y cómo ajustar esas diferencias", además de condicionar la financiación a la quita de deuda: "El nuevo modelo de financiación tiene que ir de la mano de solucionar la deuda por infrafinanciación que en el caso valenciano asciende a más de 46 000 millones de euros", advirtió. "Esta cuestión tiene que solucionarse".

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