Un implicado en el caso Plus Ultra compró una vivienda en Francia tras el rescate de la aerolínea

Los empresarios peruanos Felipe y Enrique Baca Arbulu se valieron de la empresa Trowbridge, creada en España, para adquirir al menos una vivienda en la localidad francesa de Hossegor, según informan a esta redacción fuentes implicadas en el caso, que investigan en secreto la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, y la fiscal de Anticorrupción, Elena Lorente.

La empresa Trowbridge, que inició su actividad el 16 de diciembre de 2020 con un capital de 3.000 euros, amplió el 10 de mayo de 2021 este capital en 970.000 euros. Se da la circunstancia de que el Consejo de Ministros autorizó el 9 de marzo de 2021 la operación de respaldo público a la aerolínea, que recibió el 18 de marzo de 2021 un préstamo ordinario por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de 19 millones de euros. El resto de la ayuda pública, hasta los 53 millones, se canalizó a través de un préstamo participativo de otros 34 millones de euros.

Los hermanos Baca Arbulu, de nacionalidad peruana y francesa, son dos los querellados por la Fiscalía Anticorrupción en el caso Plus Ultra, en el que también estarían imputados Gabriela Puente Garaboa (Venezuela), Danilo Alfonso Diazgranados (Venezuela), Simon Leendert Verhoeven (Países Bajos), Kristhian Alegre Walter (Perú) y un abogado español.

Uso indebido del rescate

La Fiscalía Anticorrupción acusa a los directivos de la compañía aérea Plus Ultra del presunto uso indebido del rescate, cuyo dinero habría servido para llevar a cabo "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela", según consta en una querella, a la que ha tenido acceso esta redacción. En concreto, se trataría de "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)", especifica un auto de la Audiencia Nacional.

En este sentido, el portal de investigación Armando.info, desarrollado por periodistas residentes fuera de Venezuela, atribuyó a la ex fiscal general del país sudamericano Luisa Ortega, que huyó de la dictadura bolivariana, unas declaraciones en las que aseguraba tener pruebas de que la empresa que suministraba bolsas con comida era en realidad propiedad de Nicolás Maduro, de los empresarios Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab; pero también de Rodolfo Reyes, accionista hasta hace unas semanas de la compañía Plus Ultra.

Precisamente, el Gobierno de Suiza bloqueó el pasado 5 de enero el dinero del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dos días después de que fuera detenido en Caracas en una incursión del Ejército de Estados Unidos. Sin embargo, la decisión de las autoridades de la Confederación Helvética no se limitaba al líder chavista, sino que también congeló los fondos que escondían otros 36 aliados de la dictadura venezolana. Entre ellos, al menos una quincena ya fueron implicados en diferentes causas de corrupción investigadas en España.

Préstamos a Plus Ultra

Según Anticorrupción, el presunto blanqueo del dinero que escondían "los funcionarios públicos" venezolanos en Suiza se habrían llevado a cabo con la concesión de diferentes préstamos a Plus Ultra, que fueron utilizados para el pago de las nóminas de los empleados de la compañía aérea. Este dinero habría sido devuelto con los fondos públicos concedidos por el Gobierno español.

El Ministerio Fiscal español hace referencia a que la empresa que concedió los préstamos a Plus Ultra también vendió oro por un importe de unos 30 millones de euros a una mercantil de Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, transfirió importantes cantidades de dinero a Panamá.

Tal y como informó esta redacción de fuentes implicadas en el caso, los préstamos bajo sospecha los habría negociado uno de los antiguos accionistas de Plus Ultra, en concreto el mencionado Rodolfo Reyes, ante la falta de liquidez de la compañía tras la pandemia. De forma reciente, Reyes se habría desprendido de sus participaciones en la aerolínea, que han ido a parar a Julio Martínez Sola, según Cinco Días, que detalla que el empresario habría pasado de poseer poco más del 1% a tener el 65% de la aerolínea.

Un empresario amigo de Zapatero

En la operación desarrollada por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) el pasado 11 de diciembre fueron detenidos el máximo accionista de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, el consejero delegado, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez. Este último, en declaraciones al diario El Mundo, reconoció haber percibido pagos procedentes de la aerolínea. Sin embargo, ha negado haber cobrado por el rescate.

Por su parte, también en una entrevista concedida a El Mundo, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero reconoció haber ingresado cantidades de dinero de las empresas de Julio Martínez Martínez "por consultorías globales". En este sentido, EL PERIÓDICO ha podido confirmar que en la empresa de las hijas del expresidente del Gobierno se incluía como uno de sus clientes a la firma Análisis Relevante, propiedad de este empresario, que en la entrevista concedida al rotativo madrileño rechazó ser "testaferro de Zapatero", al mismo tiempo que se consideró "amigo" del expresidente con el que incluso sale a correr de forma periódica.

En declaraciones a los medios de comunicación Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, en prisión provisional desde el 27 de noviembre, ha informado de las supuestas presiones ejercidas por el expresidente Zapatero para que se llevara a cabo el rescate de la aerolínea. En declaraciones a esta redacción, aseguró incluso que su padre no tuvo conocimiento hasta que llegó al Consejo de Ministros un asunto que dependía de su ministerio: otorgar a Plus Ultra la condición de empresa estratégica, que era un requisito sin el que no podía recibir la ayuda de la SEPI. En sentido contrario, Zapatero ha negado haber realizado cualquier gestión para el rescate de la aerolínea.

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