Ábalos y Koldo cargan contra la UCO, Aldama niega un pacto secreto y el fiscal acude a la Gürtel para que el juicio siga en el Supremo

La vista celebrada este jueves en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, un trámite previo al juicio por el "pelotazo" millonario en los contratos de mascarillas para el Ministerio de Transportes, ha permitido fotografiarles por primera vez sentados en el banquillo de los acusados, donde han seguido la sesión, que ha tenido un carácter muy técnico, con semblante serio y por momentos aburrido. El comienzo del juicio en sí está previsto para el próximo mes de abril, pero el tribunal aún no ha señalado la fecha en la que se celebrarán las sesiones.

La vista ha comenzado con la aportación de una nueva prueba por parte de la Fiscalía, que quiere que se tenga en cuenta el reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la causa por el fraude de hidrocarburos en la Audiencia Nacional, que apunta la existencia de dádivas obtenidas por Ábalos a cambio de favorecer una licencia para Villafuel, una de las empresas vinculadas al comisionista.

Por su parte, las defensas de los dos primeros han argumentado ampliamente en contra de que el asunto siga siendo competencia del Supremo, han denunciado vulneración de derechos fundamentales --cargando contra los informes realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil--y también han reclamado nuevas pruebas, como son un careo con Aldama y el uso del polígrafo al que el propio Koldo estaría dispuesto a someterse.

El "pacto" de Aldama

Otro de los temas que ha centrado las intervenciones ha sido la especial posición de Aldama, para quien se piden 7 años de prisión -- muy lejos de los 24 y 19 años y medio que se reclaman para Ábalos y Koldo, respectivamente-- tras el acuerdo alcanzado con la Fiscalía para colaborar con la justicia, que le valió su salida de prisión, donde ingresó por orden del juez de la Audiencia Nacional que le investiga por el caso hidrocarburos.

De las menciones sobre el "arrepentimiento" de Aldama realizado por las defensas, que han exigido la aportación del acuerdo concreto alcanzado entre el comisionista y Anticorrupción, el abogado del empresario, José Antonio Choclán, ha negado que exista ningún acuerdo de conformidad pese a que el comisionista reconoce algunos hechos expresados en los escritos de acusación. "No ha firmado un acuerdo opaco con la Fiscalía, se ha acogido a una norma penal favorable", ha subrayado.

Recusación del tribunal

Por su parte, la defensa de Koldo ha iniciado su intervención solicitando la recusación de cinco de los siete magistrados que conforman la Sala. Pretendía apartar al presidente Andrés Martínez Arrieta y también Manuel Marchena, Eduardo de Porres y Andrés Palomo, a los que considera "contaminados" por haber formado parte de la sala de admisión de este procedimiento. Añadía a Julián Sánchez Melgar, puesto que fue fiscal general en tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy y considera que ello entra en colisión con su imagen de imparcialidad al evidenciar una "manifiesta afinidad" con el PP, que ejerce la acusación popular en la causa.

Tras un breve receso, el presidente del tribunal ha rechazado el intento de apartarles por extemporáneo, ya que la composición de la Sala -- salvo los últimos cambios de última hora por la baja médica de Ana Ferrer-- era conocida por la defensa de Koldo desde el pasado 14 enero.

A lo largo de su intervención, que ha registrado momentos tensos por su enfrentamiento con el presidente del tribunal, que le exigía no incurrir en valoraciones que se salieran de los términos de la vistilla, la abogada de Koldo ha argumentado que carece de sentido que la competencia del Supremo se mantenga en base a una decisión interna adoptada por este órgano en diciembre de 2014 en relación con otro asunto que nada tiene que ver con esta causa.

Igualmente, Leticia De la Hoz ha argumentado en favor de la nulidad del proceso por vulneración de los derechos fundamentales de Koldo García, por la reiterada negativa de la justicia a devolverle los dispositivos que le fueron incautados en el momento de su detención, en febrero de 2024. "No tengo posibilidad de hacer contrapericial (de los informes de la UCO) si no me hacen entrega de los dispositivos", ha manifestado, señalando que ello le causa indefensión.

Cuestión prejudicial ante el TJUE

Antes de que diera comienzo la vista, De la Hoz presentó un escrito para reclamar que se plantee al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), entre otras cuestiones prejudiciales, "si es compatible con el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (que alude al derecho al juez predeterminado por la ley) que un tribunal supremo nacional mantenga su competencia para juzgar en primera y única instancia a una persona que ha perdido su condición de aforado". La defensa de Ábalos ha presentado una solicitud similar, argumentada en un total de 7 cuestiones prejudiciales.

Por su parte, el nuevo abogado de Ábalos, Marino Turiel --que le defiende tan solo desde el pasado 13 de enero-- coincide con la defensa de Koldo en la falta de competencia del Supremo para juzgar al exministro una vez dejó su acta de diputado. El letrado ha argumentado sobre la situación de Ábalos como diputado suspendido, que le dejó en una situación de "paria" en el Congreso y que por ello acabó renunciando al escaño. La situación le perjudica porque la sentencia que dictará el Supremo no podrá recurrirse a ningún órgano superior.

Asimismo, Turiel ha argumentado que el contenido de los dispositivos de Ábalos comenzaron a ser analizados antes de que el congreso diera permiso (suplicatorio) para investigar a quien aún era diputado del PSOE. Incluso ha sacado a colación un auto de la sala de apelaciones, de 15 de enero de 2026, que venía a reconocer que cerrar la causa sin entregar sus dispositivos a Ábalos vulneró el principio de "igualdad de armas".

Jurisprudencia de Gürtel

Sobre la falta de competencia del Supremo, el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón discrepa de las defensas y atribuye valor al acuerdo adoptado en 2014 que determina que tiene que juzgar el mismo tribunal que dicta apertura de juicio oral, puesto que dio lugar a jurisprudencia cuando se utilizó en una pieza de la trama Gürtel, (relativa a irregularidades en Fitur) y su aplicación "ha sido desde entonces pacífica".

Además, el fiscal rechaza que se haya investigado a Ábalos antes de que se obtuviera el suplicatorio del Congreso. Luzón ha recordado que el inicio de la causa en la Audiencia Nacional no implicaba a Ábalos, si bien las pruebas que se encontraron obligaron a elevar la causa al Supremo, una vez agotada la investigación que permitiera justificarlo con "indicios sólidos sobre hechos concretos". Sobre la no entrega de los dispositivos, Luzón defiende que las defensas tienen acceso a todo el material que sustenta la acusación.

Poco antes de comenzar la vista, el tribunal ha anunciado un nuevo cambio en la composición del mismo, al dar la entrada de la magistrada Susana Polo en sustitución de Vicente Magro Servet (cuya entrada había sido anunciada este mismo miércoles) porque "tiene señalados en fechas próximas un recurso de casación con varios penados en prisión, de vencimiento cercano, y otros dos de especial trascendencia en atención a la materia y complejidad". 

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Ábalos y Koldo García los delitos de tráfico de influencias, cohecho, pertenencia a organización criminal, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos por los contratos millonarios para la compra de mascarillas que se adjudicaron a Soluciones de Gestión, que obtuvo contratos de mascarillas de administraciones gobernadas por el PSOE por un valor de 53 millones de euros. Al empresario le achaca solo los tres primeros delitos.

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