Ayuso destituye a su consejero de Educación en plena negociación de la ley universitaria

Cese en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el primero en este mandato. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha destituido a su consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, y ha puesto al frente de la Consejería a Mercedes Zarzalejo, actual viceconsejera de Universidades. El relevo llega cuando el Gobierno regional tramita la controvertida Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, uno de los compromisos de la legislatura visto con recelo desde la comunidad universitaria.

El nombramiento de Zarzalejo se hará efectivo a partir del martes, cuando se publique el decreto que lo oficializa en el Boletín Oficial regional (BOCM). Viciana deja de esa forma el cargo para el que fue nombrado en junio de 2023, tras la victoria electoral de Ayuso por mayoría absoluta en 2023. Entre sus encargos estaba el de sacar adelante la nueva ley que regulará el sistema universitario madrileño, un proyecto del que habían circulado varios borradores pero que no termina de llegar a la Asamblea.

Fuentes de Sol trasladan que una de las misiones que se le encomendaron a Viciana fue la elaboración de un programa de apoyo, refuerzo y modernización de las universidades madrileñas, "uno de los principales ejes de actuación de la consejería para esta legislatura". Entre los ejes de ese proyecto está el nuevo modelo de financiación, que vienen reclamando los rectores desde hace tiempo y en torno al que se encuentra uno de los asuntos mollares de la negociación.

"La presidenta ha decidido dar un nuevo impulso a esta consejería con el nombramiento de Mercedes Zarzalejo con el objetivo sacar adelante este ambicioso proyecto universitario que encargó hace ya más de dos años", afirman desde el Gobierno regional.

Ese mismo impulso es el que se trató de trasladar ya en octubre del año pasado, cuando se nombró a Zarzalejo viceconsejera de Universidades en sustitución de Ana Ramírez de Molina, que presentaba un perfil mucho más técnico. Zarzalejo (Madrid, 1976) muestra una vis marcadamente más política, si bien no le falta experiencia en el ámbito universitario. La nueva consejera es doctora en Derecho por la Universidad de Córdoba, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y diplomada en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad Carlos III de Madrid.

Además de docente y personal investigador, ha sido miembro del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y de la Comisión de Educación de la Federación Española de Municipios y Provincias. Pero de su trayectoria pública lo más conocido es su desempeño como alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias entre 2019 y 2023, y su paso como diputada por la Asamblea de Madrid. Zarzalejo fue la portavoz popular en la comisión que se creó en la Cámara regional para investigar el presunto trato de favor a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en su relación con la Universidad Complutense.

Con ese bagaje fue aupada a la viceconsejería ya entonces para empujar a Viciana en la tramitación de la Lesuc. Poco después de la llegada de Zarzalejo a su departamento, el consejero madrileño aseguraba en un encuentro con la prensa que llevaría el proyecto de ley a la Asamblea regional antes de que terminara el año, algo que casi dos meses después no ha sucedido. Ante las sucesivas filtraciones de borradores que ha habido de la futura ley, Viciana siempre aseguraba que no eran textos definitivos y que se trabajaba en conseguir el acuerdo con los rectores.

El asunto central del disenso, además de cuestiones relativas al régimen disciplinario y a la autonomía universitaria, tiene que ver con el sistema de financiación. El nuevo modelo plurianual que quiere incorporar el Gobierno regional se basa en tres pilares: un tramo de financiación básica para todos los campus, otro específico, en función de posibles necesidades de cada uno y un tercer nivel vinculado a la consecución de determinados objetivos. Además, se pretende consolidar que las transferencias desde el Gobierno regional supongan el 70% del presupuesto de cada universidad y sea cada centro el que capte el 30% a través de convenios con otras instituciones o explotación de sus recursos propios.

Desde el Gobierno regional se insiste en cualquier caso en que la financiación no mermará en ningún caso y se señala el incremento de 75 millones de euros contemplado en los presupuestos de este año, pero los rectores consideran esa subida insuficiente. Denuncian una infrafinanciación acumulada desde hace 15 años y han cifrado en alguna ocasión en 200 millones de euros la cantidad a elevar necesaria.