El Gobierno se pone como límite la próxima semana para aprobar el plan antiinflación por la guerra

El Gobierno evita fijar una fecha exacta para la aprobación del plan contra la inflación por la guerra, a la espera de consensuarlo con los grupos parlamentarios y asegurarse la mayoría del Congreso. El mandato que tienen los ministerios concernientes es hacerlo cuanto antes. Según fuentes del Ejecutivo, la pretensión es ponerse como límite la próxima semana, debido a las consecuencias que ya se están haciendo notar en el precio de los combustibles y, previsiblemente, de la electricidad.

Al mismo tiempo se mira a la UE, para intentar acompasar medidas, con una reunión de los Veintisiete fijada para el próximo jueves en el marco del Consejo Europeo. De ahí que, si finalmente no se llevan al Consejo de Ministros del próximo martes, se abra la puerta a celebrar uno extraordinario a finales de la próxima semana centrado en el plan de respuesta a la guerra.

"Las aprobaremos en el momento oportuno", explicaba este viernes la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, abogando por esperar a que primero "haya un pronunciamiento de los límites que plantee la UE". Una necesidad de coordinación en Bruselas, abogó, "para ir todos a una, de forma más firme y eficaz".

Además del marco europeo, se insisten en la necesidad de medir mejor los efectos del conflicto en Oriente Medio en la variación del IPC. Esto es, en palabras de la también titular de Hacienda "ver los precios, una vez liberados los barriles de petróleo" y "constatar" si se mantendrá o no una escalada inflacionista.

El Gobierno abre la puerta a ir modulando medidas en función de esta evolución y ahora mismo la prioridad es atenuar el alza de los combustibles, principalmente con medidas dirigidas a los sectores del transporte, la agricultura y la pesca. Se enfocarían más a las rebajas fiscales que a las bonificaciones. A la vista del análisis de cómo han funcionado las medidas aplicadas en la anterior crisis económica por la invasión rusa de Ucrania, se descarta volver a aplicar una rebaja de 20 céntimos en los precios de la gasolina y el diésel.

Por el momento no se pone una referencia al alza del IPC en el que aplicarían las medidas que se pongan sobre la mesa, pero la intención es ajustarlas a su evolución. Cuando se tomaron tras la invasión rusa de Ucrania, la inflación se había situado en el 9,8%. De ahí que los ministros socialistas insistan en que la actual situación “está lejos” de aquel contexto.

Por el mismo motivo se rechaza por el momento aplicar medidas que reclaman sus socios, como la recuperación de la prohibición de los desahucios o del impuesto extraordinario a los beneficios de las energéticas. Precisamente, PP, Vox y Junts vienen de tumbar sucesivamente en el Congreso dos decretos de prórroga del anterior escudo social, rechazando principalmente la prohibición de los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional. Lo que sí se plante el Gobierno, sería la prohibición de los cortes de suministro.

Tampoco está ahora mismo en su radar rebajas del IVA a los alimentos, pues todavía no se estaría produciendo una afectación directa en la subida del precio de la cesta de la compra. Lo que sí ha confirmado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, es que se contempla la bajada del IVA en la electricidad. La respuesta del Gobierno tiene que tener “proporcionalidad al impacto que estamos observando”, viene repitiendo durante los últimos días el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Medidas, por tanto, acotadas y quirúrgicas.

Negociación con las comunidades

El Ejecutivo descarta convocar una Conferencia de Presidentes para coordinar el paquete de medidas con las comunidades autónomas, como han reclamado Euskadi y Canarias. El ciclo electoral, con comicios en Castilla y León este domingo y las andaluzas previstas como tarde el próximo mes de junio, así como la situación en la que se encuentran Extremadura y Aragón, con presidentes en funciones pendientes de investidura impediría una convocatoria.

“La Conferencia de Presidentes tiene una regla de que tienen que estar todos los presidentes”, recordó en respuesta a la carta enviada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte del lehendakari Imanol Pradales y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. En su misiva destacan que las islas y las regiones industriales como Euskadi están siendo especialmente afectadas por esta situación. Como alternativa, en el Ejecutivo se abren a encuentros bilaterales para abordar medidas de un plan anticrisis que puedan compartir la administración central con ambos territorios.

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