CASO ÁBALOS-CERDÁN
Las 11 obras por las que están imputados Ábalos, Cerdán y otros 12 excargos y empresarios elevaron 126 millones sus costes finales
Un informe de Hacienda desvela que, antes de ejecutarse las obras, las empresas "ponen de manifiesto una serie de defectos que determinan, entre otros extremos, que se tenga que tramitar una modificación del proyecto"
Santos Cerdán durante una declaración en presencia de su abogado, Jacobo Teijelo / EL PERIÓDICO
Las 11 obras públicas por las que están imputados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y otros 11 excargos del Gobierno y empresarios recogieron en sus contratos unas modificaciones al alza de unos 126 millones de euros, según se recoge en un informe de 2 de marzo de la Intervención General del Estado (IGAE), un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, pero que ha elaborado este trabajo en apoyo de la investigación desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción en el caso Ábalos-Cerdán.
El pasado 6 de marzo el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye la pieza separada de los contratos de obras públicas bajo sospecha, especificó que, además de los tres citados: Ábalos, Koldo y Cerdán; también están investigados en este procedimiento los ex secretarios de Estado Isabel Pardo de Vera y Francisco Javier Herrero Lizano; el comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama; los dueños de la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR), los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez; el empresario José Ruz Martínez (Levantina, Ingeniería y Construcción); el supuesto socio de Cerdán en la mercantil Servinabar 2000 SL Joseba Antxon Alonso y los exdirectivos de Acciona Fernando Agustín Merino Vera, Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel.
No superan el 20% del total
En el informe de la IGAE, remitido a la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (antiguo Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional), los funcionarios de Hacienda analizan, uno a uno, los modificados de los contratos, que en ningún momento superan el 20% del total de los presupuestos, lo que hubiera obligado a anular la adjudicación.
Fueron adjudicados tanto por Adif como por la Dirección General de Carreteras en tiempos de Ábalos de ministro, si bien algunos sufrieron modificaciones posteriores que llegaron hasta 2024. En varios de los contratos analizados "los criterios determinantes de la adjudicación han sido los juicios de valor y en dos de ellos, salvo para un licitador, no parece posible que la diferencia de puntuación por este criterio se pudiera revertir con la puntuación obtenida por los criterios basados en fórmulas (precio)", afirma el informe, que concluye que hay casos en los que antes de ejecutarse la obra las empresas "ponen de manifiesto una serie de defectos que determinan, entre otros extremos, que se tenga que tramitar una modificación del proyecto". Estas son las obras bajo sospecha:
En este contrato el modificado ascendió a 31.317.565 euros, lo que determinó que el precio del contrato se elevara a 190.188.566 euros, ambos sin IVA. El proyecto y el expediente de contratación se tramitaron con mucha celeridad. El adjudicatario fue la UTE formada por Ferrovial Agroman, S.A. y Acciona Construcción, S.A. Una vez adjudicado y formalizado el contrato el director de la obra propuso el modificado, que se tramitó y aprobó el 29 de marzo de 2021, lo que supuso un coste adicional del 19,72%.
Se trata de un contrato de obras que tenía por objeto la ejecución de las obras para la cobertura de las vías del ferrocarril a su paso por el núcleo urbano de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). El 15 de julio de 2022 se aprobó la modificación nº 1 de este contrato, que supuso un incremento del precio del contrato (IVA excluido) de 10.266.156 euros (19,83%), por lo que el precio del mismo quedó fijado en 62.026.420 euros.
El presupuesto de licitación de este contrato del tramo del AVE entre Pulpí y Vera fue de 170.988.620 euros, IVA excluido. La modificación fue acordada el 31 de julio de 2022. El adicional de gasto del mismo (incremento) fue de 24.155.223 euros (29.633.947 euros en ejecución material), lo que supuso un 19,93% respecto del importe de adjudicación.
La UTE formada por las empresas Obras Públicas y Regadíos, S.A. y ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A. obtuvo esta adjudicación del tramo entre Monforte y Lugo por 7.317.856 euros. Se ha tramitado un modificado que ha supuesto un incremento del precio del contrato (adicional) en 896.449 euros (IVA excluido), que fue aprobado el 11 de noviembre de 2024. También se incluyó una obra por emergencia cuyo contrato tuvo un importe de 1.454.617 euros, que se le adjudicó a ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A.
El contrato tenía dos lotes. El primero tenía un presupuesto estimado de 489.300 euros y el segundo era un contrato de asistencia técnica con un presupuesto estimado de 48.825 euros. El Lote 1 se le adjudicó a Levantina Ingeniería y Construcción, S.L. y el lote 2 a Instrumentación Geotécnica y Estructural, S.L. El importe finalmente abonado por el Lote 1 fue de 373.405 euros, más 71.424 en concepto de la revisión de precios extraordinaria aprobada por el Real Decreto ley 3/2022, de 1 de marzo.
El adjudicatario fue la UTE formada por Obras Públicas y Regadíos. S.A y OPR Edificación y Servicios por 69.055.000 euros con IVA. El importe de la modificación en ejecución material ascendió a 4.037.557 euros. Sin embargo, del informe de la Inspección de Servicios de 22 de abril de 2019 se deduce que la propuesta de modificación sufrió cambios. Según el mismo, la citada propuesta que se sometió a informe el 21 de marzo de 2019 elevaba el adicional de la modificación en términos de ejecución material a 8.856.720 euros.
El contrato fue objeto de una modificación aprobada el 22 de marzo de 2022, que generó un adicional de gasto por importe de 652.491 euros (IVA excluido) por lo que el contrato ascendió a un total de 6.754.914 euros.
Esta obra tuvo un precio de adjudicación de 92.416.975 euros. El 23 de mayo de 2023 se aprobó el primer modificado que ascendió a 17.523.268 euros, lo que supuso un porcentaje sobre el precio de adjudicación del 18,96%. "Debió haber un proyecto de modificación anterior con un importe ligeramente inferior, de 15.866.893 euros, pero que no fue finalmente tramitado", desvela la IGAE.
Este contrato fue adjudicado a la UTE formada por Torrescámara y Cia. de Obras, S.A., Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A. y Levantina, Ingeniería y Construcción, S.L. el 11 de diciembre de 2019, con un importe de 59.874.028 euros (IVA excluido). Fue objeto de una modificación aprobada el 23 de febrero de 2023 por un importe de 9.785.290 euros (IVA excluido) en términos de adjudicación, lo que supuso un incremento del 16,34%. Sin embargo, en la ejecución material la modificación supuso un incremento real de 11.086.602 euros.
El presupuesto de la licitación, que tuvo lugar el el 28 de septiembre del 2020, fue de 88.066.903 euros, pero el 5 de junio de 2023 se aprobó la modificación de este contrato que supuso un incremento en el precio de 13.578721 euros (sin IVA), un 19,02% sobre el precio de adjudicación.
La adjudicación se realizó el 9 de abril de 2021 a favor de la UTE formada por Marco Infraestructuras y Medio Ambiente, S.A. y Levantina de Ingeniería y Construcción, S.L. en 5.770.068 euros (IVA excluido). Es la única obra en la que no hubo un incremento mediante un modificado del contrato, "aunque sí dos prórrogas de un año de duración cada una".
Otras obras
Fuera de estas once obras, las pesquisas de la UCO ya apuntaban en junio del pasado año a otras siete adjudicaciones más que de momento no están siendo investigadas por la Audiencia Nacional, pero a las que aluden Koldo o Ábalos en sus conversaciones.
Una de ellas sería explotación de la Mina Muga de Sangüesa, en Navarra, uno de los primeros proyectos con los que se inició la trama en agosto de 2015, con el acuerdo entre Geoalcali y Acciona. También se encuentra en este grupo de sospechosas la construcción del Pabellón Navarra Arena, en Pamplona (la UTE entre Acciona y Servinabar resultó adjudicataria por 3,7 millones); las obras del tramo de la N-IV entre Dos Hermanas-Los Palacios (en Sevilla, por 43,6 millones de euros), el Puerto de Valencia (contrato de placas solares por 20 millones), o la estación del tren en Elche (Alicante).
Completan esta lista de sospechosas el acceso del AVE a Mérida (en Badajoz, por 34,7 millones) con un contrato en beneficio de Acciona y OPR y las obras de la plataforma Toril-Río Tiétar dentro de la línea Plasencia-Tayatuela, un 'chanchullo' en principio fallido porque finalmente fue adjudicada a una UTE ajena a Koldo y Ábalos por 35,4 millones de euros.
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