Las organizaciones agrarias alertan de "inseguridad jurídica" en las ayudas del Gobierno por las borrascas

Las organizaciones agrarias han expresado su malestar por la "inseguridad jurídica" que, a su juicio, rodea la tramitación de las ayudas extraordinarias aprobadas por el Gobierno para compensar las pérdidas sufridas por agricultores y ganaderos de Andalucía y Extremadura tras la sucesión de borrascas de enero y febrero.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) un primer listado de 140.559 agricultores y ganaderos potencialmente beneficiarios de las ayudas directas extraordinarias habilitadas para compensar la pérdida de renta en explotaciones agrarias afectadas por el temporal.

Hasta 25.000 euros

Ese listado, que incluye a profesionales del campo de Andalucía y Extremadura, recoge también las cuantías individuales que podrían percibirse, con importes que oscilan entre 5.000 y 25.000 euros.

El marco normativo de estas ayudas es el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, que contempla distintas líneas de apoyo al sector agrario por un valor total de 2.874 millones de euros, de los que 2.174 millones corresponden a ayudas directas.

Para el campo extremeño, la publicación del listado supone un primer paso en un proceso muy esperado tras semanas marcadas por los efectos de los fenómenos meteorológicos adversos sobre numerosas explotaciones. Sin embargo, varias organizaciones sostienen que la regulación posterior ha introducido nuevas dudas en la gestión de esas subvenciones.

El sector cuestiona los criterios de valoración

Las organizaciones agrarias consideran que no se han definido con claridad los criterios para cuantificar los daños, una circunstancia que, según denuncian, genera una notable incertidumbre entre agricultores y ganaderos.

Desde COAG Andalucía han advertido a Efe de que "se está trasladando al agricultor y al ganadero la responsabilidad de calcular unos daños sin que exista una referencia clara ni homogénea". A su juicio, esta situación dificulta saber con certeza si se tiene derecho a la ayuda o si conviene aceptarla sin exponerse a futuras reclamaciones.

La principal objeción del sector se centra en que el sistema, que inicialmente se presentó como automático, exige ahora una actuación expresa del beneficiario. Esa modificación es la que ha disparado las críticas de varias organizaciones, al entender que complica una tramitación que debía servir precisamente para dar respuesta rápida a explotaciones dañadas por un episodio excepcional.

Declaración responsable y aceptación expresa

Desde Asaja-Jaén, su gerente, Luis Carlos Valero, ha afirmado que los nuevos requisitos dificultan notablemente el acceso a las ayudas. "En un principio se dijo que las ayudas serían directas y se concederían automáticamente, y ahora es indispensable presentar una declaración jurada y una aceptación expresa de las ayudas", ha señalado.

Esa declaración expresa deberá presentarse entre el 7 y el 27 de abril, un plazo en el que los potenciales beneficiarios tendrán que decidir si aceptan la ayuda en las condiciones fijadas por la Administración.

La novedad no es menor. La reciente orden ministerial publicada en el BOE introduce cambios relevantes en el sistema de concesión, especialmente al obligar a los beneficiarios a aceptar expresamente la subvención y a declarar que esta no supera el valor de los daños sufridos en la explotación.

Ese nuevo requisito ha sido interpretado por las organizaciones agrarias como un elemento de riesgo para los profesionales del campo, al considerar que no se han concretado todavía los métodos de cálculo ni los baremos aplicables para acreditar esos perjuicios.

Temor a devoluciones futuras

Una de las inquietudes más repetidas por las organizaciones del sector es la posibilidad de que, pasado el tiempo, la Administración pueda reclamar la devolución de las ayudas si considera que el importe concedido excedía el daño realmente sufrido.

Desde Aproliva Jaén han apuntado que "no sabemos cuáles serán los criterios para poder demostrar los daños en las explotaciones agrarias y es posible que de aquí a un tiempo se solicite la devolución de esa subvención y quizás con algún tipo de sanción o de intereses".

Ese escenario es el que lleva a parte del sector a hablar abiertamente de "inseguridad jurídica", al entender que el agricultor o el ganadero debe tomar una decisión formal sin disponer, por ahora, de un marco técnico suficientemente definido para valorar su situación con garantías.

En un contexto como el extremeño, donde muchas explotaciones han encadenado problemas por lluvias intensas, exceso de humedad o dificultades de acceso a las fincas, la claridad sobre el alcance real de estas ayudas se considera clave para evitar más incertidumbre en un sector ya tensionado por los costes y la climatología.

COAG pide al Ministerio "urgencia, claridad y precisión"

COAG Andalucía ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que informe "con urgencia, claridad y precisión" sobre los criterios que deben aplicar agricultores y ganaderos para calcular el valor de los daños sufridos y determinar así si tienen derecho a las ayudas previstas.

La organización sostiene que la orden ministerial introduce estos cambios casi mes y medio después de la publicación del real decreto, lo que, en su opinión, evidencia "una clara improvisación".

Por ello, exige que el Ministerio concrete cuanto antes cuestiones esenciales como los métodos de valoración o los baremos aplicables, con el fin de garantizar seguridad jurídica a los profesionales del campo.

Estas ayudas nacieron con el objetivo de compensar las pérdidas provocadas por un episodio de fenómenos meteorológicos adversos de carácter excepcional que ha afectado gravemente a explotaciones agrarias de Andalucía y también de Extremadura. La discusión ahora no está en la necesidad del apoyo, que el sector da por descontada, sino en la forma de acreditar los daños y en las condiciones que deberán asumir quienes decidan aceptar la subvención.