Abogados defensores de los derechos humanos han puesto en marcha la primera ofensiva legal para lograr la libertad de nueve extranjeros detenidos en la base estadounidense de Guantánamo. Su acción está amparada por el Tribunal Supremo de EEUU, que la semana pasada decidió que los casi 600 prisioneros de la base tienen derecho a pedir la revisión de su caso ante la justicia estadounidense para dejar atrás el limbo legal en el que están desde hace dos años.

Las apelaciones, presentadas el viernes en Washington, "marcan el inicio para hacer cumplir lo que el Tribunal Supremo ha determinado como una vía para que se haga justicia", manifestó Jeffrey Fogel, director del departamento legal del Centro para los Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés) con sede en Nueva York. El CCR representa a 53 detenidos.

Para esta entidad, EEUU "se ha excedido en la autoridad constitucional otorgada al Ejecutivo". La detención indefinida de los presos, además de "arbitraria e ilegal", viola la Constitución y el derecho internacional, según el CCR. Para esta organización, "el primer paso es que el Gobierno responda" a esta apelación en favor de dos británicos, tres franceses, un turco-alemán, un refugiado jordano-palestino, un iraquí y un canadiense. La Administración Bush, que sufrió un fuerte revés político con la decisión del Supremo, aún no ha decidido cómo hacer frente a este fallo.

UN TEMA COMPLICADO "Vamos a obedecerlo, pero seguimos discutiendo cómo lo haremos porque es un tema complicado", señaló Michael Shavers, portavoz del Pentágono, en referencia a que el dictamen del Supremo no especifica los procedimientos que debe seguir la Casa Blanca. Los grupos de derechos humanos sólo contemplan dos opciones: que el Gobierno de George Bush justifique las detenciones con argumentos legales o que deje a los presos en libertad en caso de que no tenga pruebas.