El Gobierno británico podrá seguir manteniendo en prisión, de forma indefinida y sin cargos, a los extranjeros de los que existen "sospechas razonables" de tener vínculos con el terrorismo internacional. El Tribunal de Apelación desestimó ayer el recurso de 10 sospechosos de terrorismo, detenidos sin cargos desde diciembre del 2001 en la prisión de Belmarsh en Londres, conocida como el Guantánamo británico, y en un psiquiátrico. Todos ellos fueron arrestados bajo la ley antiterrorista del 2001, aprobada tras el 11-S.

SIN RESTRICCIONES Sus abogados, que calificaron la decisión del tribunal de "espeluznante", alegaron en el recurso que los arrestos se basaron en información obtenida a través de métodos de tortura en Guantánamo. Para el abogado Gareth Peirce, el fallo de ayer demuestra que el Reino Unido "ha perdido el rumbo legal y moral".

En este sentido explicó que, con esta decisión, los jueces establecen que la información obtenida por agentes de otros países, sin la complicidad de la policía británica, puede utilizarse sin ningún tipo de restricción y no es obligatorio por parte del Gobierno investigar sus orígenes.

El ministro de Interior, David Blunkett, se congratuló del fallo y explicó que la ley antiterrorista se aprobó "en respuesta a un estado de emergencia" y con el fin de que el Gobierno "pueda afrontar plenamente su obligación principal: proteger la seguridad nacional".

La semana pasada la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento británico, formada por todos los partidos, pidió la revocación de partes de la ley antiterrorista del 2001 por ser "intrínsecamente discriminatorias" ya que sólo se aplican a extranjeros. La comisión instó al ministro de Interior a poner fin al internamiento indefinido de los extranjeros sospechosos de terrorismo que no hayan sido juzgados.

DERECHOS HUMANOS La Comisión aportó los datos de una investigación sobre las medidas legales adoptadas internacionalmente a raíz del 11 de septiembre, que revelaba que ningún otro país, salvo EEUU, había derogado o "eliminado" sus compromisos con los derechos humanos. EEUU es el otro único país que permite la prisión indefinida sin cargos. El informe de la comisión parlamentaria concluía que es posible afrontar la amenaza terrorista por medio de acciones judiciales ordinarias.