Su regla principal es proteger al paciente. Pero, en Abú Graib, el personal médico militar de EEUU primó los objetivos y la disciplina del Ejército y violó normas éticas y legales ayudando a diseñar técnicas de interrogatorio, ocultando pruebas de abusos, falsificando certificados de muerte e incluso reanimando a prisioneros para que se les siguiera torturando. La acusación, la más seria hasta el momento contra el personal médico en la prisión de Bagdad, la ha hecho Steve Miles, estadounidense y doctor en bioética, en un informe publicado por la revista científica británica The Lancet.

Según Miles, que ha revisado informes del Gobierno, noticias y más de 700 páginas web, los médicos violaron la confidencialidad de su relación con los pacientes presos y usaron información para diseñar "métodos de interrogatorio física y psicológicamente coercitivos". En un caso, el personal médico presente en un interrogatorio reanimó a un detenido que se había quedado inconsciente tras ser golpeado para que la tortura continuara. El artículo está lleno de otros escalofriantes ejemplos. Un médico atribuyó a causas naturales la muerte de un prisionero que había sido asfixiado con una bolsa de plástico. El Pentágono sólo revisó el certificado y cambió la causa a "homicidio" después de que los medios estudiaran el caso.

Miles denuncia el caso de un doctor que permitió a los guardias dar puntos a un paciente y el de otro que insertó un catéter en un cadáver para que pareciera que había recibido tratamiento. "Algunas de las ofensas constituyen graves violaciones de las leyes estadounidenses e internacionales", ha dicho.

INVESTIGACIÓN DEL PENTÁGONO Miles denuncia que sólo a partir de enero del 2004, cuando las prácticas generalizadas de torturas en Irak eran vox populi, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, accedió, en medio de una gran presión, a investigar los abusos a presos. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional exigen más.

"Vamos a presionar para que haya una investigación completa y pública en la que se depuren todas las responsabilidades", declaró a este diario James Welsh, portavoz de la Red de Profesionales de Salud de la ONG. Welsh cree que las acusaciones son "suficientemente serias como para que preocupen al Gobierno" y asegura que Washington "ha aumentado los riesgos creando centros de detención como Guantánamo o los de Afganistán e Irak donde falta control y transparencia".

John Heffernan, portavoz de la ONG Médicos por los Derechos Humanos, comenta a este diario la necesidad de "una reforma en profundidad. Hay un problema de doble lealtad, a la ética médica y a la disciplina militar", explicó.