En plena campaña diplomática para acorralar a Siria, Saad al Hariri, hijo del exprimer ministro libanés asesinado, pidió ayer que un tribunal internacional castigue a los autores de la conjura política que acabó con la vida de su padre y de otras 20 personas el 14 de febrero en Beirut. "No estamos buscando venganza, queremos justicia", dijo, tras conocer las conclusiones de la investigación de la ONU sobre el asesinato de Rafic Hariri.

El informe del fiscal Detlev Mehlis implica a altos cargos libaneses, entre ellos el presidente Emile Lahud, y sirios, incluidos a dos familiares del presidente Asad, en la conspiración para acabar con el más ferviente crítico a la dominación siria del Líbano en los últimos 30 años.

PETICIÓN DE BUSH Desde EEUU, el presidente George Bush pidió "lo antes posible" la convocatoria de una reunión del Consejo de Seguridad para examinar "este asunto tan grave". En su opinión, el documento "sugiere que el asesinato fue políticamente motivado y no pudo haberse llevado a cabo sin la participación activa de Siria".

Respondiendo a sus demandas, un portavoz del Ministerio de Exteriores sirio anunció ayer que su Gobierno podría autorizar a los investigadores de la ONU a que interroguen a altos cargos sirios. "Si se produce alguna petición de la comisión, la discutiremos con ellos y podríamos llegar a aceptar". El pasado jueves, el secretario de la ONU, Kofi Annan, prolongó el mandato del investigador alemán Mehlis para que continúe su labor hasta diciembre.

Contradiciendo su informe, el portavoz sirio negó que su Gobierno haya puesto trabas a la investigación. En el texto, las autoridades de Damasco aseguran que dudaron en cooperar al principio, y que después lo hicieron sólo "hasta cierto punto". El texto precisó también que altos funcionarios mintieron en sus informaciones, entre ellos el ministro de Exteriores sirio.

Siria lleva tiempo en el punto de mira de Washington, que acusa a Damasco de pasividad para impedir la entrada por su frontera de terroristas en Irak, y de respaldar política y financieramente a Hizbulá en el Líbano y a varios grupos de la resistencia palestina. Desde el 2002, forma parte de los llamados "estados parias", una suerte de categoría creada por el Departamento de Estado para aquellos países que "promueven el terrorismo" y "buscan o pueden desarrollar armas de destrucción masiva".

POSTURAS COMPARTIDAS En esta ocasión, a diferencia de lo ocurrido durante la preguerra de Irak, EEUU y Francia comparten posturas. Por eso se espera que el Consejo de Seguridad, que se reunirá el martes, proponga sanciones económicas contra el régimen de Asad. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, no descarta una intervención militar, pero fuentes de la Casa Blanca niegan que existan planes para un ataque militar a Siria. En el Líbano, los ciudadanos están preocupados por que estallen las tensiones entre partidarios y detractores de Siria.