El Congreso de EEUU y los defensores de los derechos civiles expresaron ayer su estupor ante la revelación de que, tras el 11-S, el presidente, George Bush, autorizó a la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) para que espiara las llamadas telefónicas al extranjero y los correos electrónicos de cientos de personas en territorio estadounidense sin contar con una orden judicial, según publicó el periódico The New York Times. "No hay duda alguna de que esto no es apropiado", denunció el influyente senador republicano Arlen Specter.

Specter, que preside la Comisión Judicial de la Cámara alta del Congreso, aseguró que abrirá una investigación en el 2006. "Será una de mis mayores prioridades", recalcó. "Esto es el Gran hermano totalmente incontrolado", arremetió por su parte el senador demócrata Edward Kennedy, quien subrayó que la "apabullante revelación" sobre el espionaje debería "provocar un escalofrío en la espina dorsal de cada senador y cada estadounidense".

Igual reacción hubo en el seno de la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés). Su directora en Washington, Caroline Fredrickson, manifestó su "pasmo" al enterarse de que "la Administración de Bush ha violado los derechos civiles hasta el punto de lo que parece una violación de las leyes federales".

SIN EL AVAL DE LOS TRIBUNALES Según el Times neoyorquino, Bush firmó en el 2002 una orden autorizando a la superagencia de espionaje del Pentágono a intervenir las comunicaciones telefónicas y por internet realizadas en EEUU sin solicitar antes el aval de los tribunales. Hasta entonces, la ASN --que lleva a cabo su trabajo por medio de sofisticados medios electrónicos, como el uso de satélites--, estaba autorizada a vigilar comunicaciones en el extranjero. En suelo nacional se limitaba a ocuparse de las embajadas, pero solicitando antes una autorización judicial. Fuera de EEUU, la agencia espía las comunicaciones de entre 5.000 y 7.000 personas.

La ASN espió las comunicaciones de al menos 500 personas. Las operaciones de la agencia de espionaje se mantuvieron en el mayor secreto, y solamente los líderes de ambos partidos en el Congreso, varios miembros del gabinete y la cúpula de la ASN, la CIA y el Departamento de Justicia estaban al tanto.

La Casa Blanca se apresuró ayer a defender la polémica autorización de espionaje al margen de los tribunales firmada por Bush. "Bush ha actuado de forma legal en todos los pasos que ha dado" para proteger a los estadounidenses tras el 11-S, aseguró la secretaria de Estado, Condoleezza Rice.