El presidente de Bolivia, Evo Morales, excluyó ayer el pago de indemnizaciones por la reciente nacionalización de los hidrocarburos en la primera jornada de la cumbre Unión Europea (UE)-Latinoamérica en Viena. Morales defendió una política económica diferente al servicio de la población, en lugar de quedar subordinada a los intereses de las grandes multinacionales, para poner fin a "500 años de expolio". El líder boliviano anunció que las nacionalizaciones se ampliarán a otros recursos naturales del país, como la minería, las tierras improductivas y los recursos forestales, como "única vía" para luchar contra la pobreza masiva de la población.

"No hay razón para indemnizaciones", declaró con firmeza Morales al llegar a Viena en su primer viaje a la UE. Las compañías, explicó, solo podrían tener derecho a compensaciones si el Estado se apropiara de sus tecnologías o sus activos, "pero no es el caso". Morales añadió que no puede haber compensaciones por la pérdida de concesiones, ya que las empresas pueden recuperar sus inversiones vía beneficios. "Las empresas tienen derecho a recuperar sus inversiones, pero no pueden ejercer el derecho de propiedad" sobre los recursos naturales, insistió.

COMPORTAMIENTO ILEGAL Morales acusó a las empresas petroleras extranjeras de violar las leyes de Bolivia, de eludir el pago de impuestos y de practicar el contrabando. "Más de 70 contratos" de concesión de hidrocarburos "son inconstitucionales", aseguró. Al ser preguntado si incluía a Repsol entre esas compañías, Morales respondió que no tenía datos sobre Repsol, "aunque hay algunas acusaciones que deben investigarse".

Morales rechazó cualquier crítica por no haber consultado previamente con los inversores o los gobiernos vecinos la nacionalización de los hidrocarburos. "No tenemos por qué consultar, negociar o informar cuando afecta a una política de un estado soberano" sobre sus propios recursos naturales, afirmó.

Las declaraciones de Morales tuvieron una réplica inmediata de Repsol, que amenazó con presentar una demanda ante los tribunales internacionales si no se llega a un acuerdo satisfactorio con las autoridades bolivianas.

OPTIMISMO El decreto de nacionalización fija un plazo de 180 días para las petroleras para revisar los acuerdos de concesión y su futuro en el país. "Espero alcanzar un buen acuerdo. Si no, acudiremos a los tribunales" para defender los intereses de los accionistas y el valor de las inversiones realizadas en el país, aseguró el presidente de Repsol, Antoni Brufau.

La UE quiere aprovechar la cumbre para pedir aclaraciones al Gobierno boliviano sobre sus intenciones y para reclamar "seguridad jurídica" para los inversores extranjeros en el país.

La ministra de Asuntos Exteriores austriaca, Ursula Plassnik, país que ejerce la presidencia semestral de la UE, destacó que "es importante que el Gobierno boliviano clarifique sus intenciones y su comportamiento y que haga previsibles sus futuras decisiones". "La seguridad jurídica es esencial para los inversores", recalcó Plassnik. "El Gobierno boliviano debe explicar el contexto y la puesta en práctica" del decreto de nacionalización, añadió. El presidente francés, Jacques Chirac, también insistirá hoy sobre "la seguridad jurídica" de las inversiones extranjeras y el derecho a "un trato equitativo".

Los ministros de Exteriores de la UE y de Latinoamérica consensuaron los últimos párrafos pendientes del texto de la declaración de la cumbre, que hoy adoptarán los líderes de ambos continentes. La declaración anuncia el inicio de la negociación de un acuerdo de libre comercio con Centroamérica y aplaza su apertura con la Comunidad Andina. La declaración reitera también las críticas a la legislación norteamericana contra las inversiones en Cuba.