La comisaria europea de Competencia, la liberal holandesa Neelie Kroes, ha mantenido lazos muy estrechos con uno de los mayores promotores inmobiliarios neerlandeses, Jan-Dirk Paarlberg, presunto miembro, según la justicia de su país, de una organización delictiva local implicada en asesinatos, secuestros, apropiaciones indebidas de fondos y actividades de blanqueo de dinero.

Neelie Kroes no empezó a distanciarse de Paarlberg hasta el 2004, cuando la justicia holandesa empezó a interesarse por él, y no rompió toda relación de negocios con él hasta el pasado abril. Este asunto crea una sombra sobre la integridad de una comisaria que ocupa un puesto clave en el Ejecutivo europeo, que ya ha sido puesto en entredicho por sus lazos estrechos con el mundo empresarial.

El aval bancario

"La mujer del César debe ser irreprochable", comenta Bernard Poignant, jefe de la delegación socialista francesa en el Parlamento Europeo. "Aquí hay, como mínimo, un problema moral que debería interesar a los eurodiputados. A finales del 2004, ya le dimos la investidura con reticencia". Para el portavoz de Neelie Kroes, "no hay ningún caso Kroes dice.

Antes de ser nombrada para su cargo en Bruselas, Kroes ya era una mujer de negocios próspera, miembro de un número impresionante de consejos de administración de grandes empresas nacionales e internacionales (Volvo, Thales, P&O, etc.). También tenía vínculos muy estrechos con Jan-Dirk Paarlberg, miembro como ella del partido liberal VVD, hasta el punto de que su oficina de gestión de empresas ocupaba un despacho en uno de sus inmuebles. Hasta el punto también de que, el 20 de julio del 2001, Kroes compró dos fincas (en Gorinchem y Woerdem) que pertenecían a Ormeco, una sociedad dirigida por Paarlberg. Este le otorgó su aval bancario con el fin de permitirle recibir un crédito de 6,1 millones de euros para que Kroes comprara su mansión privada. O sea, que el vendedor avaló a su comprador, algo que no resulta banal.

Pero el asunto se complicó a principios del 2004, cuando la justicia neerlandesa empezó a interesarse por el promotor inmobiliario. Enseguida se pone de manifiesto que en realidad mantiene vínculos con un grupo mafioso dirigido por Willem Holleeder, de 47 años, para quien, según la justicia, ha blanqueado dinero con transacciones inmobiliarias. Holleeder es una "celebridad" en los Países Bajos porque, en 1983, organizó el secuestro del magnate de la cerveza Freddy Heineken. Arrestado en Francia en 1984, fue condenado a 11 años de cárcel. Holleeder fue detenido otra vez en enero del 2006, en el marco de un caso de apropiación indebida, en base a las notas personales de un empresario próximo a su círculo, Willem Endstra, asesinado en el 2004 en una serie de ajustes de cuentas.

Durante su comparecencia para la investidura ante el Parlamento Europeo, el 14 de septiembre del 2004, Neelie Kroes dijo haber "cortado todos los puentes con el pasado". En realidad, aunque había dimitido de los consejos de administración, olvidó precisar que aún era propietaria de las famosas fincas y que aún gozaba del aval bancario de Paarlberg, según reveló el diario neerlandés De Volkskrant, el 19 de abril del 2006. Como por arte de magia, al día siguiente la comisaria vendió estos bienes por 4,3 millones de euros a la banca FGH, que le había prestado los 6,1 millones de euros, lo que liquida el aval de Paarlberg. Aunque De Volkskrant aseguró que Paarlberg es todavía un aval para la finca privada de la comisaria en Wassenaar parece, según el notario (en una carta del 10 de mayo) que ya no es el caso.

Carta de dimisión

En un país de 15 millones de habitantes, donde todo el mundo se conoce, sobretodo en los negocios, resulta curioso que Kroes no haya cuestionado nunca a su amigo Paarlberg. Uno se pregunta por qué ha tardado dos años para vender estas fincas y deshacerse del embarazoso aval. ¿Ingenuidad? Cuesta creerlo de alguien que tiene que velar por que la competencia sea "libre y no desvirtuada". El presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, que posee una carta de dimisión en blanco firmada por cada uno de los 24 comisarios, a lo mejor se ve obligado a utilizarla si el Parlamento le exige rendir cuentas.

G Libération