Escudándose en el 11-S, el vicepresidente de EEUU, Dick Cheney, abogó poco después de los sangrientos atentados por que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) espiase las llamadas telefónicas nacionales y los correos electrónicos de los estadounidenses prácticamente sin limitaciones y sin permiso judicial, en busca de terroristas escondidos en el país, afirmó ayer The New York Times, citando fuentes del espionaje. "Podría hacerse y debería hacerse", sostuvo Cheney, según un informante.

El vicepresidente y su principal asesor legal, David Addington, estaban convencidos de que la Constitución permitía a las agencias de espionaje una actuación más agresiva para defender al país, explicó el Times. Como consecuencia, Cheney quería ampliar los poderes presidenciales hasta el punto de saltarse las limitaciones al espionaje sobre los ciudadanos impuestas por la ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, en sus siglas en inglés), aprobada en 1978 para someter a los tribunales la autorización de todas las escuchas dentro del país.

MILLONES DE LLAMADAS Sin embargo, la NSA se opuso a sus planes, temerosa de generar nuevos escándalos sobre escuchas como los de los años 70. Por ello, terminó diseñando un plan de espionaje limitado a las telecomunicaciones internacionales, para evitar ser acusada de espiar a los estadounidenses. No obstante, la intercepción de llamadas locales también se llevó a cabo y alcanzó a "decenas de millones" de ellas, según reveló el diario USA Today.

El hombre que actuó de moderador entre los agresivos planes de espionaje de Cheney y los reparos de la NSA fue el general Michael Hayden, precisamente el elegido del presidente, George Bush, como nuevo director de la CIA, cuya confirmación por el Senado está aún pendiente. Convencido de que el 11-S varió lo que se consideraba "una intromisión razonable" en la intimidad de los ciudadanos, Hayden fue el principal arquitecto del plan para limitar el espionaje de la NSA a las telecomunicaciones desde y hacia EEUU.

Aún así, este plan "viola la FISA", declaró al rotativo neoyorquino Nancy Libin, del Centro para la Democracia y la Tecnología. Esta activista pro derechos civiles opinó además que el plan podría haber sido presentado como limitado a las comunicaciones internacionales "por cálculo político", para hacerlo más aceptable. "La NSA no ha escuchado intencionalmente y sin permiso judicial llamadas locales" de los estadounidenses, recalcó el sábado la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, reafirmando la posición del presidente Bush, que negó haber autorizado un programa de espionaje sobre las telecomunicaciones de la ciudadanía sin permiso judicial.

INDEMNIZACIONES Este espionaje puede salirle caro al Gobierno de Bush y a las empresas telefónicas que se plegaron a sus planes: ATT, Verizon y BellSouth. De entrada, la Casa Blanca tiene ante sí una batalla cada vez más cuesta arriba para la confirmación de Hayden como director de la CIA, ante la irritación y alarma de los senadores por el programa de espionaje de telecomunicaciones que diseñó y supervisó. Pero además, el viernes fueron presentadas las primeras demandas contra Verizon, para que abone 38.000 millones de euros por haber entregado datos personales al Gobierno.