El último capítulo del mercadeo político y económico en que se ha convertido Palestina tiene tintes patéticos si no fuera por la difícil situación por la que está pasando la población. Ayer, Sami Abú Zuhri, portavoz de Hamás, fue descubierto en el paso de Rafá, entre Egipto y Gaza, intentando introducir en la franja 639.000 euros escondidos en un cinturón. Como las normas dicen que solo pueden pasarse 2.000 euros sin declarar, el dinero fue entregado al fiscal general de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que ha recibido la orden de Mahmud Abbás (Abú Mazen) de investigar el suceso. Hamás argumentó que el dinero procedía de donaciones exteriores y estaba destinado a ayudar a las familias de los presos en cárceles israelís.

"¿Es un crimen traer dinero al país? ¿Quieren forzar al pueblo palestino a pasar hambre?", se quejó el primer ministro, el islamista Ismail Haniya. Son tiempos difíciles, en los que el tráfico ha disminuido porque no hay combustible en las gasolineras, en los que las mujeres malvenden las joyas que recibieron como dote y los padres de familia venden sus televisores para alimentar a sus hijos.

"Hemos pasado de ser un pueblo de terroristas a uno de mendigos", comenta con acritud Abdul, un empleado de un aparcamiento de Jerusalén Este, analizando la imagen que de la crisis están dando las televisiones internacionales. Israel y Occidente culpan de la crisis a la negativa de Hamás a plegarse a sus condiciones: reconocer a Israel y renunciar a la violencia.

La crisis nace de un problema estructural, como explica por enésima vez el Banco Mundial en su último informe: la dependencia total de los territorios palestinos de Israel a causa de la ocupación. Tras los Acuerdos de Oslo y la creación de la ANP, se intentó sustituir esta dependencia por otra: la ayuda internacional de la UE y de EEUU a las instituciones palestinas y al desarrollo a través de oenegés. A ello hay que añadir los refugiados que dependen de las agencias de la ONU. El resultado fue una ANP subsidiada y sangrada a su vez por la ineficacia y la corrupción de Al Fatá.

Desconexión israelí

Antes de la victoria electoral de Hamás, Israel llevaba tiempo desconectándose de los palestinos, sobre todo en Gaza, pero también en Cisjordania, como prueba la cifra descendente de trabajadores palestinos, que están siendo sustituidos en las empresas israelís por emigrantes tailandeses y filipinos. Al llegar al poder, Hamás se encontró con una ANP en bancarrota y un boicot internacional rápidamente organizado que se resume en las palabras de Dov Weisglass, asesor del primer ministro israelí: "Pondremos a los palestinos a dieta".

Crisis agravada

Las sanciones internacionales a Hamás ante su negativa a renunciar a sus postulados políticos dispararon la crisis. Al no recibir dinero y al apropiarse Israel de los impuestos que recauda en nombre de la ANP, los 160.000 funcionarios y sus familias se quedaron sin sueldos. Pero a la catastrófica situación ha contribuido la decisión israelí de cerrar el paso de Karni al amparo de "motivos de seguridad", una medida iniciada antes del triunfo islamista.

Cuando la crisis ha llegado a un punto insostenible, el Cuarteto de Madrid (ONU, la UE, EEUU y Rusia) encontró la fórmula mágica: entregar el dinero a Abú Mazen, puenteando al Gobierno de Hamás. En un contexto político de lucha de poder entre Al Fatá y Hamás que genera temores de guerra civil, es inevitable acordarse de la "dieta" de Weisglass, y aumentan las acusaciones de que Occidente e Israel, con la ayuda de Al Fatá, están mercadeando con la crisis para lograr que el Gobierno de Hamás dure lo menos posible. Un juego peligroso.