Alemania, Polonia, República Checa, Irlanda, Malta y Chipre bloquearon ayer el desarrollo de una política común de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado en el Consejo informal de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE). Por motivos diferentes, los seis países rechazaron la propuesta de la presidencia finlandesa de la UE y de la Comisión Europea de suprimir la exigencia de unanimidad en la legislación europea en materia policial y penal.
La propuesta plantea que la legislación europea policial y penal pase a aprobarse por mayoría cualificada para agilizar la adopción de las decisiones y superar la actual parálisis que padece la UE en este área. La reforma no requiere modificar el Tratado de la UE, sino una decisión unánime de los Veinticinco para aplicar esa medida, ya prevista en el artículo 42 del tratado.
La regla de la unanimidad, con el derecho de veto de cada uno de los 25 estados de la UE, mantiene paralizados en el Consejo de Ministros europeo proyectos fundamentales, como el mandato europeo de obtención de pruebas, el intercambio de información policial o la cooperación policial transfronteriza. La unanimidad también hace que las medidas que finalmente logran aprobarse incluyan tantas excepciones y se apliquen de forma tan deficiente que pierden la mayor parte de su eficacia.
SALVAR LA CONSTITUCIÓN Alemania se opone a esa reforma porque teme que esta medida y otras similares conduzcan a los Veinticinco a desmenuzar el proyecto de Constitución y a su abandono definitivo. Alemania, que presidirá la UE a partir de enero, tiene como principal objetivo salvar el proyecto de Constitución en su integridad. Polonia, Irlanda y los demás países se opusieron a la medida para no perder sus poderes nacionales en esas materias. España apoyó la propuesta de la presidencia con Francia, Holanda, Hungría, Luxemburgo y Dinamarca.
