Antes de él fue Kenneth Parr. Ahora será Daroyce Mosley. Pero ninguno de esos dos presos ha generado la atención internacional que rodea a Johnny Connor. Y es que Connor, un hombre negro de 32 años, condenado por el asesinato en 1998 de la cajera de un supermercado, tiene hoy una cita con la inyección letal en la cárcel de Hunstville, la localidad de Tejas que se conoce como "la ciudad de la muerte". Su ejecución supone la número 400 en el estado, un triste hito que ha vuelto a movilizar a la comunidad internacional.

Ayer la Unión Europea realizó una apelación directa al gobernador de Tejas, Rick Perry, pidiéndole una moratoria en la aplicación de la pena capital. La oficina del gobernador no devolvió la llamada de este diario pidiendo una reacción. Pero, según explica por teléfono desde California Elisabeth Semel, directora del centro sobre la pena de muerte de la Universidad de Berkeley, "aunque es vital que la Unión Europea persevere, no hay motivos para ser optimista. En muchos casos antes, sobre todo los que implican ejecuciones de menores y retrasados mentales, la comunidad internacional ha hecho apelaciones similares y ninguna ha tenido éxito".

La ejecución de Connor es una más en un estado que desde 1982 aplica la pena de muerte que el Tribunal Supremo reinstauró en 1976. Y ha logrado el dudoso honor de encabezar el número de ejecuciones del país. Sus 400 están lejos de las 98 de Virginia, el segundo estado que más aplica la pena de muerte, vigente en 38 estados. En Tejas se entienden las acusaciones de discriminación que suelen rodear las condenas: el 68% de los reos en el corredor de Tejas son negros o hispanos. El porcentaje de esas comunidades es del 46,5% en la población estatal.

"Tejas tiene un sistema judicial extremadamente conservador que tolera aspectos inadecuados del proceso y tiene una fiscalía muy tendente a actuaciones dudosas", afirma Semel.