Nueve meses después de las elecciones, los partidos flamencos y francófonos belgas alcanzaron ayer un acuerdo que permitirá al fin formar un Gobierno estable. Sin embargo, la crisis política más larga de la historia de Bélgica está lejos de estar resuelta con el acuerdo sobre el programa de gobierno, ya que la profunda reforma del Estado que exige Flandes, la región más rica y poblada del país, ha quedado aplazada para facilitar el actual pacto. Esas nuevas y decisivas negociaciones sobre la reforma del Estado deben concluir a mitad de julio, según las exigencias de Flandes, sin que exista de momento la más mínima base para un compromiso entre flamencos y francófonos.
El líder democristiano flamenco, Yves Leterme, vencedor de las elecciones legislativas del 10 de junio del 2007, se convertirá mañana en primer ministro, después del debate de investidura en el Parlamento. Leterme remplazará al liberal flamenco Guy Verhofstadt, que ha desempeñado ese cargo de forma provisional durante los últimos nueve meses y cuya popularidad en toda Bélgica es muy superior a la que tiene ahora su sucesor.
El acuerdo está suscrito por los cinco partidos que constituyen la coalición gubernamental: dos partidos flamencos --democristianos (CDV) y liberales (VLD)-- y tres partidos francófonos --liberales (MR), socialistas (PS) y socialcristianos humanistas (CDH). El pacto se alcanzó a las 6.30 horas, tras una maratoniana sesión negociadora contrarreloj de más de 16 horas, incluida toda la noche, para respetar el calendario fijado para que Leterme pudiera ser nombrado primer ministro el 20 de marzo.
CUESTIONES ECONÓMICAS "Es un buen acuerdo de gobierno, con medidas equilibradas", aseguró Leterme. El pacto gubernamental se centra fundamentalmente en cuestiones económicas, fiscales, sociales, sanitarias, inmigración y justicia, con la inclusión de las demandas básicas de los partidos de la coalición en una suma contradictoria de rebajas de impuestos e incrementos de la protección social.
El acuerdo fija una serie de orientaciones para reducir los impuestos de los asalariados, aumentar las pensiones más bajas, incrementar el poder de compra de las familias, facilitar la creación de 200.000 empleos, mejorar la atención sanitaria y endurecer las normas de naturalización de inmigrantes.
Pero el calendario previsto para la aplicación de las medidas es poco precisa. La falta de recursos presupuestarios y el enorme nivel de endeudamiento público convertirá la aplicación de las principales medidas en una tarea titánica para el Gobierno.
