El presidente colombiano, Álvaro Uribe, autorizó hoy la excarcelación de rebeldes de las FARC a cambio de la puesta en libertad de las personas que esta guerrilla mantiene como rehenes, entre ellas la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt. La decisión está contenida en un decreto que el gobernante firmó esta noche y que, según el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, se constituye en "un mecanismo expedito e inmediato para el acuerdo humanitario".

"Básicamente consiste en que el único requisito para que se realice el acuerdo humanitario, la liberación de los secuestrados", explicó Restrepo en una conferencia con la prensa en la Casa de Nariño, la sede del Ejecutivo en Bogotá. El funcionario dijo que sólo basta que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liberen a la colombo-francesa Betancourt, a las otras 39 personas que mantienen en condición de canjeables o las demás secuestradas, más de 700, para que "un número singular o plural" de rebeldes presos sean excarcelados.

Los insurgentes pueden estar imputados o condenados incluso por crímenes que no sean susceptibles de amnistía o indulto, destacó Restrepo, pero advirtió de que quienes quieran el beneficio de la suspensión condicional de la pena, o una alternativa, deberán dejar la lucha armada. "Automáticamente deben comprometerse a un buen comportamiento, y no volver a delinquir: es un compromiso que se mantiene, básico, propio del Estado de Derecho", aclaró el comisionado de Paz.

Restrepo dijo que el decreto firmado por Uribe, el número 880 del 27 de marzo del 2008, tiene como fundamento un artículo legal del 2005, en virtud del cual el Ejecutivo da por entendido que se ha llegado a un acuerdo humanitario cuando el grupo armado ilegal ponga en libertad a secuestrados. Una vez que se produzca la liberación, el presidente o el alto comisionado para la Paz, por delegación del gobernante, enviará a las autoridades judiciales competentes los nombres de los presos que pueden recibir el beneficio de la suspensión condicional de la pena.

Liberación inmediata de Betancourt

La urgencia del caso es tal que, continuó el funcionario, el mismo decreto establece que por el interés superior de la paz, los nuevos procedimientos para el acuerdo se gestionarán de manera preferente. "Creemos que queda establecido todo el soporte jurídico para el acuerdo humanitario y hemos reducido al máximo los requisitos", añadió Restrepo, y subrayó que "basta simplemente con que, de manera inmediata, la doctora Íngrid Betancourt sea liberada para nosotros considerar que el acuerdo humanitario se ha realizado".

El funcionario admitió que "nuestro interés, por supuesto en primer lugar, es la salud" de esta rehén, en cautividad desde el 23 de febrero del 2002 y sobre quien han circulado versiones que advierten de su muy salud. Las últimas fueron recogidas hoy por el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, quien indicó que su dependencia tuvo conocimiento de que el estado de salud de la cautiva es grave.

La rehén recibió atención médica de urgencia a finales del pasado febrero en el centro de salud de una aldea rural del Guaviare, departamento selvático al sureste de Bogotá, según la versión de Pérez. "Esperamos que el gran clamor nacional e internacional por la liberación de Íngrid Betancourt pueda llevarnos a que de la manera más rápida posible se concrete su liberación", expresó Restrepo.

Sin embargo, dijo que al gobierno le preocupa igualmente el estado de salud de otros secuestrados con fines de canje, lo mismo que la situación de los demás cautivos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Tanto la liberación de los "canjeables", como de los secuestrados con fines económicos, pondrá a los rebeldes al alcance del decreto que autoriza las excarcelaciones, dijo Restrepo.

40 secuestrados por medio millar de presos

Con la norma, el Ejecutivo de Uribe busca superar los obstáculos que le han impedido asumir la negociación del acuerdo humanitario al que las FARC condicionan la puesta en libertad de las 40 personas que pretenden canjear por medio millar de presos. Entre los encarcelados hay dos rebeldes extraditados a Estados Unidos, que los insurgentes buscan intercambiar por tres estadounidenses que están en el grupo de "canjeables".

La mayor barrera ha sido la exigencia rebelde de desmilitarización de Florida y Pradera, localidades con poco más de 800 kilómetros cuadrados de territorio y a unos 50 kilómetros al este de Cali, en el suroeste del país, lo que Uribe no acepta. A cambio de ello, el gobernante ha ofrecido una zona de encuentro de unos 150 kilómetros cuadrados, en la misma región, alternativa que las FARC han rechazado.