Cinco de los nueve jueces del Tribunal Supremo de EEUU dieron ayer el tercer golpe a la Administración de George Bush por la situación legal en Guantánamo. El alto tribunal garantizó a los cerca de 270 sospechosos de terrorismo que siguen presos en la base estadounidense en Cuba el derecho a recurrir contra su detención ante la justicia civil. Les reconocía así el "derecho constitucional del hábeas corpus" que en el 2006 el presidente y el Congreso --entonces de mayoría republicana-- les negaron con la ley que estableció para juzgarlos el sistema de comisiones militares.

"Las leyes y la Constitución están diseñadas para sobrevivir y mantenerse en vigor en tiempos extraordinarios", escribió el juez Anthony Kennedy, secundado por cuatro magistrados. En contra se pronunciaron los otro cuatro, incluido Antonin Scalia, quien aseguró que EEUU "está en guerra con islamistas radicales" y anunció que la decisión "casi con toda certeza hará que mueran más americanos". Otro fue el presidente del tribunal, John Roberts, quien criticó la anulación "del conjunto de protecciones procesales más generoso que se ha dado nunca a extranjeros detenidos por este país como combatientes enemigos".

70 FOLIOS Esa clasificación de combatiente enemigo también fue cuestionada por la mayoría del tribunal en la compleja resolución, de 70 folios. Los jueces aseguran que el sistema empleado por la Administración para clasificarlos así es inadecuado. Y este es un asunto vital para el Gobierno, pues parte de su argumento para negar los derechos constitucionales a los presos es asegurar que son combatientes enemigos y que, además, están detenidos en una base militar en Cuba sobre la que Washington no reclama soberanía.

El caso que ha motivado la última decisión fue presentado por Lajdar Bumedién, un argelino que fue arrestado en Bosnia en el 2001 acusado de planear ataques contra la Embajada de EEUU en Sarajevo. Está preso en Guantánamo desde el 2002 y siempre ha negado su participación en la trama terrorista.

Desde Roma, Bush anunció que va a "aplicar" la sentencia, aunque aclaró que eso "no quiere decir" que la apruebe.