El Parlamento Europeo aprobó ayer por una amplia mayoría la polémica directiva que establece las normas comunes para expulsar a los inmigrantes irregulares de la Unión Europea (UE) y que autoriza a los gobiernos a mantener detenidos hasta 18 meses a los sin papeles, antes de su expulsión.

El texto fue aprobado por 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones. Como el texto había sido pactado previamente con los Veintisiete, ya solo queda ahora la mera ratificación formal del Consejo de Ministros de la UE para su entrada en vigor. Los gobiernos tendrán un plazo de dos años para adaptar su legislación nacional a las disposiciones de la directiva.

La alianza de los grupos popular, liberal y Europa de las Naciones (conservador) impuso con una holgada mayoría el texto pactado con el Consejo de Ministros de la UE e impidió la incorporación de cualquier enmienda para reforzar la protección de los inmigrantes irregulares, como las planteadas por los socialistas, los Verdes e Izquierda Unitaria. En la votación final, la delegación socialista española respaldó la directiva, con las excepciones de Josep Borrell, Raimon Obiols y Martí Grau. Una parte importante de los socialistas alemanes también votó a favor.

LIMITACIONES La directiva se aplicará solo a los ocho millones de inmigrantes irregulares que se encuentran actualmente en la UE. La nueva normativa no se aplicará a los sin papeles interceptados en las fronteras, ni a quienes se niegue la entrada en la UE. Tampoco se aplicará a los ciudadanos de un país comunitario, aunque hayan perdido el derecho a residencia legal en otro país de la UE.

La directiva establece que los estados de la UE dictarán una orden de expulsión a cualquier inmigrante irregular que se halle en su territorio. Esa persona dispondrá de un plazo de salida voluntaria de 7 a 30 días, pero los gobiernos podrán suprimir ese plazo si existe el riesgo de fuga. La directiva autoriza a los estados a adoptar "todas las medidas necesarias" para hacer cumplir la orden de expulsión, incluidas las "medidas coercitivas" y "un uso razonable de la fuerza".

Las órdenes de expulsión irán acompañadas de una prohibición para volver a a la UE de hasta cinco años, o superior si se considera que esa persona representa una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.

Los gobiernos podrán mantener en centros especiales a los inmigrantes irregulares a la espera de su expulsión durante un periodo inicial de seis meses, que podrá prorrogarse con otros 12 meses adicionales si la persona no coopera o su país de origen no transmite la documentación.

La directiva permite expulsar a los menores no acompañados a un tercer país diferente del suyo originario, aunque allí no haya miembros de su familia. Solo se requerirá que existan "servicios de recepción adecuados".

DERECHOS Las órdenes de detención y expulsión deberán emitirse por escrito, con sus fundamentos de derecho. Los afectados podrán recurrir ante un órgano jurídico o una autoridad administrativa independiente y "podrán tener asesoramiento jurídico", que podrá ser gratuito en función de la ley del Estado afectado. El texto indica que los estados tendrán en cuenta el interés de los niños, la vida familiar y la salud de los afectados.