Cámaras de vigilancia, escuchas telefónicas, interceptación de los correos electrónicos. Los ayuntamientos ingleses están vigilando a los ciudadanos sospechosos de haber cometido faltas banales valiéndose de métodos autorizados para combatir el terrorismo y el crimen. Algunos municipios están empleando sistemas de espionaje de la lucha antiterrorista para perseguir a dueños de perros que hacen sus necesidades en la vía pública, a quienes tiran basura en un lugar prohibido, o a los padres que piden plaza en la escuela del barrio donde viven.

La dirección de la Asociación del Gobierno Local (LGA) advirtió ayer de que los ayuntamientos pueden perder todos los poderes para utilizar cualquier sistema de espionaje si los siguen empleando "para asuntos triviales". Las organizaciones que velan por las libertades ciudadanas van más allá y reclaman la revisión de la actual legislación a fin de recortar las atribuciones de las autoridades locales.

CARTA A LOS ALCALDES El presidente de la LGA, el conservador Simon Milton, ha escrito una carta a cada alcalde --cuyo contenido fue dado a conocer ayer-- advirtiendo del crecimiento de la desconfianza ciudadana, tras el "exceso de celo" mostrado en algunos casos divulgados por los medios de comunicación. Milton propone mayor transparencia, lo que incluye una revisión anual, para que el público sepa cómo se están utilizando los sistemas excepcionales de control previstos en la ley que regula los poderes de investigación.

"Me preocupa que si se percibe que esos poderes han sido mal utilizados, los vamos a perder. Así pues, pido a los ayuntamientos que comprueben, para estar seguros, que están actuando de manera proporcionada y necesaria", señala Milton en su misiva. "Dada su naturaleza, los poderes para vigilar nunca deben ser utilizados a la ligera", añade. "No está bien que lluevan las acusaciones sobre los ayuntamientos por usar poderes antiterroristas para inquirir sobre delitos locales que no tienen nada que ver", añadió.

Una investigación realizada el pasado abril por la Asociación de la Prensa mostró cómo los ayuntamientos de Wyre, Gateshead y Hartlepool están utilizando los nuevos poderes para perseguir a los vecinos que no recogen los excrementos de sus perros. En el centro de Londres, las autoridades del distrito de Kensignton y Chelsa ha filmado y grabado a vecinos que disfrutan de un permiso especial para aparcar destinado a quienes tienen problemas de movilidad. El Ayuntamiento de Durham, en el norte de Inglaterra, bate récords, habiendo utilizado la ley de vigilancia 144 veces el último año.

La activista Shami Chakrabarti, directora de la organización Liberty, considera necesario algo más que una simple llamada al orden para proteger al público. "El autocontrol por parte de las autoridades locales es claramente un primer paso muy útil", señaló. Acto seguido añadió: "Necesitamos un cambio en la ley para estar seguros de que los jueces participan en mayor grado en la autorización de los poderes más perturbadores. Debemos asegurarnos que esos poderes son claros y proporcionados y se usan para luchar contra actividades criminales graves", señaló.

HECHO COTIDIANO Unas 3.000 personas fueron castigadas el pasado año por los ayuntamientos por ofensas menores. El profesor de la Universidad de Newcastle David Mukarami Word advierte que los británicos viven como algo "normal" estar sometidos a más vigilancia. "Hemos pasado de una situación, hace pocos años, en la que la vigilancia era algo excepcional a una situación en la que se considera normal el que nos vigile cualquier autoridad pública u organizaciones privadas", zanja Mukarami.